La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las sanciones que prevé por violencia política de género, deben excluir a ciudadanos que no estén directamente involucrados en política, plantearon integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente, los congresistas señalaron que su objetivo es evitar que esas normas se apliquen con el fin de censurar la libertad de expresión, como ha ocurrido en el caso del periodista y columnista Héctor de Mauleón, el diario El Universal y la ciudadana Karla Estrella, entre otros.
Al respecto, el vicecoordinador de la fracción albiazul en San Lázaro, Federico Döring, subrayó que se dará seguimiento a la propuesta que ya ha sido turnada a comisiones del recinto.
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No a la censura a ciudadanos y periodistas
Que la ley electoral y las multas por criticar a políticos y candidatos no vuelvan a aplicar contra ciudadanos cuyo derecho a la libertad de expresión debe ser respetado, sin ser objeto de censura a través de normas como la señalada, demandaron los promoventes.
“Hoy @diputadospan presentamos una iniciativa para garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos como @KarlaMaEstrella y que jamás se vuelva a multar a alguien que desde la sociedad civil critique a un político o a algún candidato. Para retomar el criterio establecido por @TEPJF_informa de que la calumnia electoral NO aplica a periodistas en procesos electorales”, anotó el diputado Döring en un mensaje publicado este miércoles 9 de junio, en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @FDoringCasar.
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“Para garantizar y defender la libertad de expresión y que nunca nadie más vuelva a tratar de censurar a un periodista como lo ha intentado hacer @taniacontrerasl contra @hdemauleon. Que nadie nos quiera arrebatar la libertad de prensa y el derecho a la información a los mexicanos #CensuraDelBienestar #CENSURA”, abundó.
En un video musicalizado, en compañía de otros miembros del albiazul, enfatizó que no se debe permitir la manipulación de las disposiciones contra violencia política por razones de género con el fin de silenciar ciudadanos y periodistas.
Impedir censura a través de leyes electorales
La reforma propuesta, añadió, surge a partir de la utilización de leyes electorales y las sanciones por violencia política en razón de género que están siendo aplicadas contra comunicadores y ciudadanos a modo de censura y censura previa, para inhibir la libertad de expresión e impedir críticas a políticos.
“El mal uso de las medidas cautelares, y de las medidas de reparación integral, en contra de la libertad de expresión, debilita su objetivo de inhibir de manera eficaz la violencia de género, por lo que se vuelve doblemente malévolo”, argumentó.
Planteó que ante la “vocación censora” que se vive en el país, se pide excluir a la ciudadanía que no esté involucrada directamente en política, de las medidas cautelares en materia de violencia política de género. Si la persona sancionada no es militante de algún partido, no es candidata ni precandidata ni servidora pública, no debe estar sujeta a la aplicación de pagos de indemnización a la “supuesta víctima”, dice la iniciativa.
Cuando se imponga a ciudadanos disculparse públicamente, esa acción se difundiría exclusivamente en los mismos medios o espacios en que se hubiese realizado la acción sancionada “y por única ocasión”.
En cuanto a los periodistas y medios de comunicación, se plantea que si hay una denuncia de violencia política en razón de género, la autoridad deberá garantizar el derecho a la información establecido en el artículo sexto constitucional. Se debe evitar vulnerar el derecho a la libertad de prensa, así como la censura previa en cumplimiento del artículo séptimo de la Carta Magna.
También respecto a los periodistas, el ejercicio de esa labor no podrá ser considerado como “calumnia electoral, salvo el caso de que se derrote la presunción de licitud de su actividad, periodística por haber actuado en complicidad o coparticipación con los sujetos obligados a no calumniar”.
Ciudadanos censurados
Döring Casar, así como la diputada Paulina Rubio, que también firma la iniciativa y otros integrantes de la bancada panista en San Lázaro, enfatizaron que la censura y los intentos de control a ciudadanos no sólo están avanzando a través de la imposición de sanciones de tipo electoral, sino por medio de reformas como las recientemente aprobadas en materia de telecomunicaciones, seguridad e investigación, a la ley de población y otras propuestas de la Presidencia de la República.
Subrayó que el PAN a calificado ese conjunto de cambios legales, como “leyes espía” y “leyes censura”.
A esa tendencia se suman la ley de ciberseguridad en el estado de Puebla, que castigará con cárcel a quienes se considere emiten insultos y ofensas en redes sociales; así como las penalizaciones contra un periodista en Campeche, al que la gobernadora Layda Sansores denunció por emitir presuntos mensajes de odio en su contra.
Sobre el periodista De Mauleón, indicó que está bajo “ataque” desde el grupo político en el poder, por publicar información referente a las redes de tráfico de combustible que presuntamente involucran a exfuncionarios del gobierno de Tamaulipas, lo que incómodo a la exconsejera jurídica de esa administración y actual presidenta del Tribunal de Justicia de la entidad, Tania Contreras, qué tiene relación familiar con una de las personas señaladas.
La sanción aplicada en ese caso, fue la orden de eliminar la publicación referida, imposición de multas, la inscripción del autor de la columna por cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la publicación de disculpas públicas durante 16 días naturales, la difusión de una síntesis de la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas.
También, que el sancionado “reconozca” los hechos, acepte su responsabilidad, dignifique a la víctima, no “reviva las situaciones que provocaron la sanción”, diga públicamente que acepta la necesidad de reparar el daño y lea guías y manuales para el uso no sexista del lenguaje.
A ese tipo de disposiciones también han sido sometidos otros periodistas y personas como Denise Dresser y Karla Estrella, sancionada por cuestionar “la candidatura de una mujer impulsada, presuntamente por su esposo diputado”, remarcaron los promoventes.