La reforma constitucional para facultar al Congreso a emitir una ley contra la extorsión es necesaria porque ese delito no se ha podido combatir con eficacia, reconoció la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.
La legisladora señaló que parte del problema radica en que las penas y definición del delito son distintas en cada entidad del país, por lo que no hay un tratamiento homogéneo ni estandarizado del fenómeno.
Al refrendar el respaldo a la iniciativa enviada por la Presidenta de la República al Legislativo, a través de la Comisión Permanente del Congreso, la integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) subrayó que es indispensable actuar contra un delito de alto impacto como el señalado.
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Admitió que la comisión del ilícito se ha incrementado en los últimos años, por lo que es necesario reconocerlo como “una amenaza que afecta el patrimonio, la esfera psicológica y bienes jurídicos colectivos, especialmente cuando es perpetrada por la delincuencia organizada, que utiliza este delito para coaccionar empresarios, comerciantes y funcionarios públicos”.
Ineficacia ante la extorsión
Padierna Luna recalcó que la existencia de sanciones e incluso definiciones diferentes sobre el ilícito en cuestión, forma parte del problema.
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“La falta de homologación en las penas y definiciones del delito en los códigos penales federal y estatales con rangos de 1 a 30 años de prisión y multas que varían de 36 mil a 691 mil pesos, dificulta su combate eficaz”, manifestó.
Agregó que la reforma a la Carta Magna enviada por la mandataria federal, tiene como fin dar paso a una ley general donde se unifiquen los criterios para definir el tipo penal, establecer agravantes, determinar sanciones y promover el uso de los instrumentos de investigación e inteligencia, así como coordinación interinstitucional que se acaban de aprobar en el Congreso.
Los cambios en la materia, deberán otorgar seguridad jurídica, eliminar vacíos legales que actualmente persisten en la norma y en suma, generar una mayor eficacia en la atención al crimen en cuestión.
Se atenderá el fenómeno de la extorsión vía digital y a través de la red de internet, habrá opciones de denuncia anónima para proteger a la ciudadanía, y se prevé, habrá condiciones para dar respuesta rápida y coordinada ante la comisión del ilícito.
“La reforma busca articular recursos del Estado para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, especialmente en los estados más afectados, garantizando una estrategia nacional coherente y efectiva”, consideró la congresista.