En el marco de la iniciativa de reforma electoral anunciada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, exconsejeros presidentes y ex consejeros del anteriormente llamado Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE), plantearon una serie de preocupaciones por los riesgos que las ideas perfiladas por la jefa del Ejecutivo implican.
En un comunicado del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, IETD, A. C., personalidades como el exconsejero, presidente Lorenzo Córdova, recalcaron que toda reforma electoral debe ser resultado del consenso entre las fuerzas políticas, y no una decisión unilateral.
Delinearon cuatro ejes básicos que debería incluir toda reforma electoral que busque afianzar la democracia, como el amplio consenso, fortalecer la representación proporcional, garantizar autonomía e imparcialidad en las autoridades y procurar que el dinero público y no el privado sea el que sostenga los procesos electorales.
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No al recorte a plurinominales
Contrario a lo que propone la mandataria federal que ha hablado de reducir el número de legisladores plurinominales, los firmantes consideraron que esa proporción debería ser 50-50.
Se pronunciaron a favor de que la reforma procure disminuir en la mayor medida posible, los fenómenos de sobre y subrepresentación que “distorsionan” el resultado de la voluntad ciudadana expresado en las urnas.
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“Nos pronunciamos por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto a las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa. En otras palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional”, plantearon.
Sugirieron que todos los integrantes del Senado de la República se elijan por un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales, para que existan cuatro senadores por cada entidad, de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición “a través del sistema de cociente de distribución y resto mayor”.
Nombramientos de funcionarios electorales
Demandaron garantizar la autonomía de las autoridades electorales y su profesionalización.
Manifestaron que las nominaciones deben basarse en las capacidades técnicas de quienes sean los consejeros del INE, así como contar con reconocimiento y confianza de los partidos políticos.
Pidieron que el nombramiento de los consejeros pase de San Lázaro al Senado, ante representación distorsionada que persiste en el Palacio Legislativo a causa de la sobrerrepresentación.
Los consejeros deben ser aprobados por dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado. Lo anterior obligaría a las fuerzas políticas a generar consensos, recalcaron.
Solicitaron que no sólo subsista, sino que se fortalezca el Servicio Profesional Electoral, por ser la columna vertebral de las capacidades de organización del INE, lo anterior para garantizar que los funcionarios pertenezcan al servicio civil de carrera.
“Cualquier intento de socavar, reducir o eliminar dicho Servicio impactaría directamente en la calidad de nuestros procesos electorales”, advirtieron.
Sobre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidieron que su designación se apruebe con el 75 por ciento de los votos en el Senado, y en el proceso se tome en cuenta la participación y propuestas de universidades, colegios y barras de abogados.
Recalcaron que la mayoría y a los triunfadores de cada elección les conviene que las autoridades electorales sigan trabajando de manera imparcial y eficaz.
Financiamiento a partidos
Con respecto al financiamiento público a partidos políticos, manifestaron que debería distribuirse de manera equitativa, la mitad con respecto a la votación de cada partido y la otra mitad de modo igualitario.
Enfatizaron que ante la intromisión del dinero ilícito en la política, el dinero de origen público debería ser el componente central para el gasto en las campañas electorales.
El posicionamiento también es suscrito por los exconsejeros presidentes José Woldenberg y Leonardo Valdés.
Entre otros y otras firman Jacqueline Peschard, María Marvá, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Arturo Sánchez y Rodrigo Morales.
Asimismo, respaldan el pronunciamiento personalidades como María del Carmen, Carmen Alanís, José Carreño Carlón, Rolando Cordera Campos, Gilberto Guevara Niebla, Edmundo Jacobo Molina, José Narro Robles y Raúl Trejo Delarbre.