Tras el reciente caso de “Lady Racista”, una mujer extranjera que fue captada insultando con expresiones racistas y clasistas a un policía en la colonia Condesa, surgió la pregunta: ¿se puede cancelar la residencia a un extranjero por actos de discriminación en México? Un legislador federal ya impulsa una reforma legal para que la respuesta sea afirmativa.
El diputado Gerardo Olivares Mejía, del Partido del Trabajo (PT), propuso una iniciativa para modificar el artículo 64 de la Ley de Migración.
El objetivo es permitir que el Instituto Nacional de Migración (INM) tenga la facultad de revocar la residencia temporal o permanente a personas extranjeras que cometan actos de discriminación, violencia, abuso o desplazamiento hacia ciudadanos mexicanos.
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¿Qué busca cambiar la iniciativa?
El documento, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios, advierte que algunas personas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Europa, han llegado a México en los últimos años atraídas por el menor costo de vida, la facilidad para obtener residencia y la posibilidad de trabajar de forma remota.
Sin embargo, según el legislador, muchas veces disfrutan de privilegios que generan desigualdad y en algunos casos actitudes prepotentes o ilegales contra la población local. Por eso, se busca reforzar los mecanismos legales para evitar abusos y exigir reciprocidad.
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¿La Segob puede quitar la residencia?
La iniciativa recuerda que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya tiene atribuciones en materia migratoria, según el artículo 18 de la Ley de Migración. Con esta reforma, se busca dejar claro que puede intervenir en casos de abuso, prepotencia o discriminación cometidos por extranjeros.
El diputado señala que estos actos no solo afectan a personas individuales, sino que socavan la paz social y generan tensiones comunitarias, por lo que urge establecer límites legales más firmes.
La propuesta busca dejar claro que, en casos como el de “Lady Racista”, el Estado mexicano podría tener la facultad de cancelar la residencia a extranjeros que incurran en actos de discriminación, abuso o violencia. El mensaje es claro: quien decide vivir en México, debe hacerlo con respeto a su gente, sus leyes y su dignidad.