La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de extorsión.
El proyecto, remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión, que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.
De esta forma, se busca que la legislación permita investigar y sancionar el delito de extorsión y establecer mecanismos de atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos.
Te podría interesar
La propuesta busca articular de forma eficiente y eficaz los recursos del Estado Mexicano para el combate estratégico de este delito, mediante acciones de investigación e inteligencia y el uso de herramientas institucionales.
En este sentido, se plantea brindar una atención pronta y efectiva a las víctimas, así como la reparación integral del daño, el uso de herramientas tecnológicas para la ubicación y desarticulación de grupos delincuenciales y a inhibición de estas conductas desde los penales.
Te podría interesar
La iniciativa destaca que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en el año 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 el promedio diario fue de 29.77, lo que representa un incremento del 57 por ciento en sólo seis años.
Señala que una problemática para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas, por lo que se requiere un marco legal que permita contar con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales en cuanto a la regulación.
Monreal confirma
La Presidencia de la República ya envió al Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente del Congreso, su iniciativa de reforma constitucional con el fin de facultar al Legislativo a que emita una ley en materia de combate a la extorsión, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
El proyecto será turnado en cuanto llegue a San Lázaro, lo que se prevé ocurra la siguiente semana, a la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del recinto manifestó que si bien, el cambio propuesto inicialmente es “sencillo”, porque consiste en facultar a los legisladores a emitir una ley general contra la extorsión, se podría abrir un análisis amplio e incluso convocar a parlamento abierto.
“Quiero comentarles que ya llegó la iniciativa que envió la Presidenta de la República, que será turnada a la Cámara de Diputados como cámara de origen. Acaba de llegar apenas hace una hora”, refrendó.
Reiteró que el proceso parlamentario en periodo de receso consiste en que la Comisión Permanente es la que dará cuenta formal de la recepción del documento y se espera que el próximo miércoles 16 de julio, el planteamiento sea turnado al Palacio Legislativo.
Por tratarse de una reforma a la Carta Magna, el expediente se asignará a la Comisión de Puntos Constitucionales y se pedirá al diputado presidente, Leonel Godoy, que inicie de inmediato el análisis.
“Es muy importante, es una prioridad para nosotros (…) se prevé que sea el próximo periodo de sesiones, el mes de septiembre” cuando se apruebe, insistió.
Reforma anti extorsión
La propuesta de la Presidenta sólo agrega al artículo 73 de la Constitución, que el Congreso tendrá la capacidad de expedir leyes generales en materia de extorsión.
En artículos transitorios establece que el Legislativo tendrá un plazo de hasta 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma, para expedir la ley general en la materia.
Añade que las disposiciones legales alusivas en la Federación y las entidades de la República sobre extorsión, se mantendrán vigentes hasta que se emita la nueva ley general.
Será en ese ordenamiento secundario donde se establezcan plazos y condiciones para que las adecuaciones normativas que sean necesarias, se lleven a cabo.
Acciones contra la extorsión
En la argumentación, la propuesta presidencial indica que se ha puesto en marcha una estrategia nacional contra la extorsión debido a la gravedad del ilícito, sus modalidades, incidencia y efectos nocivos en la economía, el comercio, la seguridad física e incluso psicológica de las víctimas.
La legislación general por emitir, deberá establecer como mínimo, la “homogeneización del tipo penal y de sus penas”, por tratarse de un delito de alto impacto con serias repercusiones.
Lo propuesto coincide con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que prevé acciones para prevenir la extorsiones en todos los niveles de gobierno, desarrollar mecanismos de colaboración entre instituciones policiales, privilegiar el uso de tecnologías e inteligencia informática para investigar el ilícito y plantear medidas de coordinación entre las instituciones federales.
Recalca que el Código Penal Federal ya indica qué es la extorsión, la cual es cometida por aquel que sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, causando algún alguien algún perjuicio patrimonial.
Recuerda que las penas por ese ilícito están en el rango de dos a ocho años de cárcel, y pueden ser extendidas en la misma medida, cuando los infractores sean sujetos con calidades específicas o incurran en asociación delictuosa.
Precisa que extorsión es cuando una persona, con un ánimo de lucrar o sacar provecho, coaccione, amedrente o amenace por cualquier medio a otro con causar daños morales, físicos o patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o moral con quien éste tuviere ligas de cualquier orden, para dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo.
Expansión de la extorsión
En su propuesta, la Presidenta reconoció que el delito señalado va en expansión y tiene alta incidencia, ya que se han diversificados los medios para cometerlo, como el uso de teléfonos, otros electrónicos y tecnologías de la información que permiten al agresor no tener contacto directo con la víctima, pero presionarla para ceder.
La conducta a combatir se presenta en distintas modalidades y se han incrementado las vías para cometerla desde cualquier lugar, país o región.
Indicó que la autoridad federal está obligada a reconocer que el delito es de alto impacto y que las medidas para prevenirlo y combatirlo “han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”.
Admitió que la extorsión ha alcanzado a todos los ámbitos de la vida en el país, incluso con amenazas a funcionarios públicos, empresas, negocios y establecimientos de todo tipo.
Refríete que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas, conforme al número de denuncias presentadas en las fiscalías estatales.
En 2018 el promedio diario de extorsiones fue de 18.8, y en enero de 2025, esa cifra subió a 29.7 por ciento delitos diarios, “lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en sólo seis años”, indica la iniciativa.
Añade que las entidades más afectadas y que concentran más del 61 por ciento de los casos, son el Estado de México que acumula más del 33 por ciento; así como Guanajuato, Veracruz y Nuevo León.
El problema se ha agravado y las acciones para combatirlo no son eficaces, debido a que las penas aplicables son distintas conforme a cada estado.
El promedio de la pena mínima va de 4 años y 16 meses, hasta una pena máxima de 12 años, aunque a nivel federal se sanciona con 2 años mínimo a 8 años máximo y en Oaxaca, con apenas uno a tres años.
Por ello, establece, es necesario equiparar las sanciones en todo el territorio nacional. “Esa disparidad debe ser corregida”, anota.
También acepta que “no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país”.