Defensores remarcaron en el “Seminario Migraciones, sexualidades y creencias en contextos de frontera” que “hay un contexto legislativo a nivel global que expulsa a las personas” de la diversidad sexual: “64 países tienen leyes en contra de la conducta sexual entre hombres, y el número va en aumento; hace un año eran 63 y ahora son 64, y 11 condenan (la diversidad sexual) a la pena de muerte”, señaló Sofía Cardona, asociada senior de protección en ACNUR, Agencia de la ONU para Refugiados.
“Estamos frente a un entorno global adverso hacia la diversidad sexual, y cada vez hay más leyes que tienen una apariencia ‘neutral’, pero cuyo impacto es generar un entorno discriminatorio en contra de personas LGBTIQ+ (acrónimo con las letras que representan ‘Lesbiana’, ‘Gay’, ‘Bisexual’, ‘Trans’, ‘Intersexual’ y ‘Queer’; el signo ‘+’ se añade para incluir otras identidades y orientaciones sexuales no representadas en las siglas anteriores), con un particular énfasis contra personas transgénero. Al resignificar derechos basados en sexo, hablamos de políticas públicas, de legislaciones y de movimientos sociales que están generando un entorno más inseguro para las personas LGBTIQ+ en El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay entornos sociales homofóbicos, transfóbicos y machistas. En Centroamérica ha existido por años un entorno de pandillas, y estas son entidades reproductoras de machismo, homofobia y transfobia. Hay un impulso hacia una lógica de limpieza social y de eliminar de estos países a personas LGBTIQ+”, detalló Cardona desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
“Cuando hablamos de Venezuela, hablamos de un país que ya no puede brindar respuesta a muchas de las necesidades de derechos humanos de personas LGBTIQ+. De los primeros desplazamientos que tuvimos de Venezuela en este país, desde 2017, muchos eran personas LGBTIQ+ con VIH, que ya no encontraban respuesta del sistema de salud. En general, para las personas LGBTIQ+ en nuestra región hay una experiencia común de estigma y riesgo constante de sufrir daño; esa es una de las consecuencias del desplazamiento forzado. Desde el ACNUR se determina de manera muy clara que ‘las experiencias de rechazo, violencia, amenaza a la vida y, en muchos casos, discriminación acumulativa, no son actos discriminatorios aislados: ¡es una acumulación de discriminaciones que hacen la vida intolerable!’ Eso es persecución y requiere el reconocimiento como refugiado. Incluso en países donde parece que todo está resuelto, hay una realidad social de expulsión de personas LGBTIQ+”, recalcó la funcionaria de ACNUR.
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Ante la responsabilidad que deben asumir los gobiernos expulsores y receptores de migrantes, Mariana de la Cruz, de Casa Frida, Refugio LGBT, planteó que “las violencias por identidad o expresión de género u orientación sexual deben ser causales directas para el reconocimiento como refugiado. Hemos presentado una iniciativa de reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y esto sería un punto de partida, además de transversalizarlo hasta la persona que atiende a personas LGBTIQ+ en cualquier momento”.
“¿Por qué sale la población LGBT de sus países? ¿O es desplazada por violencias por identidad de género, expresión u orientación sexual? Es importante decirlo así, aunque suene obvio”, señaló De la Cruz, porque “eso implica diferencias en las necesidades de atención a esa población. Incluso en la elección del destino, en sus necesidades de protección e integración. Si bien es cierto que están atravesadas por problemas como la pobreza u otras violencias, desde Casa Frida hemos visto que en estos cinco años, nueve de cada diez personas llegan habiendo sido expulsadas o desplazadas por razones de identidad, expresión de género u orientación sexual. Nueve de cada diez han sido víctimas de ECOSIG (terapias de conversión) y ese es el motivo por el que se ven orilladas a desplazarse. No necesariamente están pensando en un destino con desarrollo económico: ¡están pensando en sobrevivir por lo que son!”.
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“Cuando hablamos de esta población que sale con estas características y razones, realmente no hay un refugio tangible. Porque es la familia la que expulsó, pero también el sistema, la falta de acceso a derechos, a todos los ámbitos sociales, incluso a sus supuestos grupos de amigues. La vulnerabilidad va más allá. Entonces, la palabra ‘refugio’ adquiere una connotación fundamental”, subrayó De la Cruz.
Alexandra R. de Ruiz, de la Jauría Trans, resaltó que “hay personas que viven con VIH que no tienen acceso a sus medicamentos y, como en Venezuela, son forzadas a desplazarse a países donde puedan mantenerse saludables. Las personas transgénero, en particular, son rechazadas por sus propias familias, echadas de sus casas y de sus pueblos por ser ‘una vergüenza para la familia’. No debemos olvidar que les migrantes LGBTIQ+ son víctimas de desplazamiento forzado y que, al llegar a otros lugares, siguen enfrentando carencias, discriminación y persecución. A veces tienen que buscar una segunda opción. Entonces, ¿qué significa ‘refugio’?”.
Joan Gestein, del proyecto artístico “Poesía Pintada”, habló “como persona refugiada y migrante forzada por violencia, sobreviviente de ECOSIG y de grupos armados de Colombia. No migramos solo por sobrevivir, también queremos vivir con dignidad. Pero en los nuevos espacios muchas veces encontramos más violencia. Si hablamos de trabajo, no hay dignidad: es un refugio violento. No se sabe realmente a dónde ir ni qué país escoger. Uno cree que estará mejor, pero a veces está mucho peor”.
“En México ha habido muchas políticas discriminatorias. Uno viene con la idea del matrimonio igualitario, pero la realidad es otra. Nosotros vivimos violencia hace dos años con unas vecinas, en un contexto que también incluyó nuestra nacionalidad colombiana. Pero por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ realmente no hay protección ni dignidad. Los procesos y organizaciones de apoyo son escasos. Solo se sobrevive para trabajar, no hay espacio para sanar, ni siquiera para preguntarse ‘¿dónde estoy?’. Estamos anestesiados y obligados a producir en jornadas laborales extensas solo para que digan que ‘nos están incluyendo’, pero ¿a qué costo? ¿Qué nos paguen menos de la mitad de lo justo?”, agregó Gestein.
Alexandra R. de Ruiz añadió que “no hay que olvidar que también existe el crimen organizado, la corrupción del sistema que afecta a las personas en movilidad, la xenofobia y el racismo. Cuando empezaron a llegar migrantes de Haití o Venezuela, ¡la explotación fue brutal! En trabajo de campo en Tapachula, Chiapas, vi cómo era el mismo sistema migratorio el que entregaba a mujeres al crimen organizado o a antros en la frontera para obligarlas a trabajar a cambio de su supuesta libertad”.
Mariana de la Cruz enfatizó que “a las violencias de origen que obligan a las personas a desplazarse se suma lo que ocurre durante la travesía migratoria, relacionada también con expresión de género u orientación sexual. En Tapachula te lo dicen claro: ‘te ves joto’. Eso abre la puerta a cualquier tipo de violencia. Hablamos de trata con fines de explotación sexual y laboral, de pérdida de documentos y dinero, de inseguridad alimentaria. Y ya no es solo una persona LGBT migrando: los sujetos se construyen en el camino. La identidad también está en construcción. Por eso, al llegar a lugares como Tapachula, Chiapas, hay amenazas latentes, necesidades básicas insatisfechas y un esquema de vida indigno. ¿Qué futuro se puede concebir en ese contexto? Hay necesidades de atención específicas y diferenciadas cuando se habla de agenda LGBT en desplazamiento”.
Sofía Cardona insistió en que las personas LGBTIQ+ migrantes “viajan con las mismas comunidades que las expulsaron: su sociedad, su familia, su pueblo, sus connacionales. Uno de los retos más complejos del desplazamiento forzado es esta lógica dolorosa de revelación-ocultamiento”.
Cardona también destacó que el 80 % de los albergues de asistencia a personas migrantes en México “son religiosos” y hay una “tensión entre identidades sexuales diversas y preceptos religiosos, particularmente cristianos y católicos. No se puede tapar el sol con un dedo. Muchas personas prefieren la calle antes que entrar a un albergue donde se sienten maltratadas. Las organizaciones deben ser claras. La gente adulta tiene derecho a decidir. Algunos albergues obligan a asistir a cultos. Eso ocurre sobre todo en la frontera norte, no tanto en el sur o centro. Pero también hay albergues de órdenes religiosas centrados en derechos humanos con módulos especializados para personas LGBTIQ+. El error sería dividir entre ‘organizaciones religiosas’ y ‘organizaciones LGBTIQ+’. Hay pocas que trabajen movilidad humana y aún menos en la intersección con identidad y orientación sexual. ¿A dónde se puede enviar a alguien por comida o refugio si no se considera a las religiosas? Hay que construir puentes”.
Finalmente, Cardona comentó que para la población LGBTIQ+ “la frontera emancipa y daña. Especialmente para las mujeres trans, que son las más visiblemente lastimadas en el desplazamiento forzado”.
“Cuando llegan a un albergue y ven un módulo LGBTIQ+ —como en La 72, en Tenosique, Tabasco—, pueden empezar a vivir su identidad y expresión de género. Pero luego salen y enfrentan violencia, incluso dentro del mismo albergue. Nunca hay un lugar seguro, nunca hay un destino. Te siguen expulsando. La falta de inclusión laboral y social digna persiste”, remarcó.
“La única opción para muchas personas LGBTIQ+ es el intercambio o venta de sexo para sobrevivir. En países como Honduras, El Salvador y Guatemala, la persecución tiene nombre y apellido. Las personas perseguidas por identidad de género u orientación sexual pueden reencontrarse con su agresor incluso en frontera sur, porque es muy permeable. Si a eso se le suma la discriminación, el panorama se vuelve aún más complejo”, concluyeron.