El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley de la Guardia Nacional que entre sus modificaciones tendrá su cambio de mando a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la autorización para realizar operaciones encubiertas. Esta decisión desató la molestia de organizaciones de derechos humanos como ARTICLE 19, la cual denunció la norma por detalles como permitir vigilancia militar sin un control judicial.
Con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, la ley recibió la aprobación del congreso de San Lázaro. Tras su visto bueno será enviada al Senado de la República para abrir una nueva discusión y tomar el dictamen definitivo de si se aprueba o no. La reforma plantea ocho cambios a las normas del proyecto que fue creado durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los cambios se encuentra la transformación de la Guardia Nacional a una estructura similar a la del ejército mexicano. Lo que más llama la atención de entidades defensoras de los derechos humanos son los detalles como permitir las operaciones encubiertas y de usuarios simulados en la investigación preventiva de delitos, así como el hecho de dejar de ser una organización civil para convertirse en una militarizada.
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¿Qué fue lo que dijo ARTICLE 19 acerca de la Ley de la Guardia Nacional?
La aprobación de la Ley de la Guardia Nacional desató la incertidumbre en organismos como México Unido Contra La Delincuencia (MUCD) y ARTICLE 19. En el caso de esta última, emitió un comunicado donde rechaza el paquete legislativo votado en la cámara de diputados por “legalizar la vigilancia por parte del Estado” y advierte sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Esta entidad asegura que estas modificaciones permitirán a las fuerzas armadas utilizar información en actividades de inteligencia bajo el motivo de tratarse de “seguridad nacional” sin que haya un control de por medio. También puntualiza en que las operaciones encubiertas van contra la invalidación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023.
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“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático” manifiesta ARTICLE 19.