No solo 9 de cada 10 mexicanos están preocupados por las agresiones asociadas al consumo de alcohol; la violencia psicológica y emocional, seguida de la violencia física, sexual, económico-patrimonial e intentos de feminicidio, también se disparan por consumo de alcohol y otras drogas, coinciden 12 profesionales del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones UNEME-CECOSAMA, de la Unidad Territorial de Atención y Prevención de la Violencia de Género (LUNA) y de Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ), consultados para el estudio “La relación del alcohol y la violencia en México: Testimonios de profesionales de la salud”.
Los costos directos e indirectos asociados al consumo de alcohol en México se estiman en 552 mil millones de pesos al año, un problema agravado por factores estructurales y comerciales.
El estudio también identificó que factores como la pobreza y la desigualdad, así como los determinantes comerciales de la salud —entre ellos, la disponibilidad de alcohol y la alta publicidad y promoción de las bebidas alcohólicas— se encuentran dentro de los principales factores de riesgo tanto para el consumo de alcohol como para la violencia.
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En México, una alta densidad de puntos de venta de alcohol se asocia con un riesgo 1.3 veces mayor de consumo excesivo mensual de alcohol y un riesgo 1.9 veces mayor de consumo excesivo semanal, se remarca.
La violencia es una de las principales situaciones que enfrentan las personas que buscan atención por seguridad personal y/o familiar, salud mental o consumo de sustancias; sin embargo, en muchos casos, estas mismas personas no la reconocen como un problema, se añade en el estudio de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), en el que los especialistas señalaron que la violencia “es un fenómeno complejo que requiere intervención en todos los niveles de gobierno e instituciones y diferentes propuestas de política pública, como reforzar la regulación de la disponibilidad del alcohol; de los horarios y puntos de venta de alcohol, evitar que se puedan abrir puntos de venta en cualquier sitio. Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio”.
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Además, los expertos reiteran la importancia de aumentar los impuestos al alcohol, así como la edad mínima legal para el consumo a 21 años, incremento de la vigilancia a los comercios que venden bebidas alcohólicas, para realmente impedir la venta a menores de edad.
Desde instituciones educativas se pueden impulsar programas de prevención de la violencia y del consumo de sustancias a través de programas escolares.
Reforzamiento de redes institucionales para la adecuada canalización de niñas, niños y adolescentes con problemas de violencia y consumo de sustancias, dotadas con presupuesto y personal capacitado, y programas de prevención y atención de la violencia, la salud mental y el consumo de sustancias dirigidos a poblaciones vulnerables como personas sin hogar, comunidad LGBTI+ o migrantes.
Canalización eficaz para el tratamiento de los problemas de salud mental y rehabilitación para las personas agresoras; así como políticas públicas dirigidas al sistema de justicia y capacitación a los agentes de la ley y los ministerios públicos para la simplificación de las denuncias; reducción o eliminación de la corrupción en el sistema de justicia, y protección a la víctima durante el proceso judicial. Sin definir un patrón del agresor, los expertos comentaron que habitualmente el “perfil” que tratan es de “hombre (en los casos de violencia de pareja), con una edad de 23 a 40 años, baja escolaridad y consumo de alcohol u otras drogas”.
Finalmente, los expertos sugieren regular el contenido de las redes sociales vinculado a la exposición de contenido relacionado con alcohol y drogas en los menores de edad.