Alejandra Domínguez Santos, jueza de control con residencia en el Reclusorio Oriente, determinó no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por la compra del malware Pegasus.
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó a la exservidora pública los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, por haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil pesos, lo que significó un grave daño irreparable al patrimonio público.
Sin embargo, la impartidora de justicia deslindó a Gómez Molano, al argumentar que ella no firmó el contrato, además de que ni la Ley de Seguridad Nacional ni el Manual de Normas y Procedimientos de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, establecen que se requiera una investigación en curso, o un requerimiento de alguna entidad de la FGR, para usar los recursos de esa partida en la compra de tecnología de inteligencia.
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Por el contrario, precisó, la ley sí justificaba la adquisición de Pegasus, y en todo caso lo único que por ahora se puede presumir de indebido es que el contrato fue firmado por Vidal Díazleal Ochoa, ex director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), sin un estudio de mercado y sin justificar la adjudicación directa para comprar el malware.
Ante ello, la FGR informó que apelará la resolución de Domínguez Santos, además de que iniciará una carpeta de investigación en su contra por delitos en contra de la administración de justicia.
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