Antonio González Méndez, indígena maya de Chiapas, desapareció en 1999. Tenía 32 años, era miembro de una comunidad simpatizante del EZLN y desde entonces su familia lo ha buscado sin descanso. Ante la inacción del Estado mexicano, su caso fue llevado a instancias internacionales. En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado por su desaparición forzada, pero a seis meses del fallo, no se han cumplido las reparaciones ordenadas.
La sentencia detalla cómo el gobierno mexicano organizó y apoyó a grupos paramilitares en su estrategia contrainsurgente en Chiapas durante los años 90. El académico Jacobo Dayán destacó que este caso es uno de muchos en un contexto de violencia sistemática, y criticó que el Estado siga negando el fenómeno de las desapariciones forzadas, cuando ya hay más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
Tita Radilla, hija del también desaparecido Rosendo Radilla, comparó ambos casos y lamentó que, aunque existen sentencias, el Estado mexicano no ha esclarecido los hechos ni localizado a las víctimas. "La sentencia abre la puerta, pero no hay voluntad de cumplirla", señaló.
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En abril de 2025, se realizó una primera jornada de búsqueda en Sabanilla, Chiapas. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que fue una acción superficial, sin preparación adecuada ni respeto por las víctimas. Magdalena, hija de Antonio, reclamó que ni siquiera se quiso colocar una placa con el nombre de su padre en la universidad de San Cristóbal: “No quieren que figure como desaparición forzada ni que era base del EZLN”.
La familia sigue exigiendo una búsqueda real y justicia, no solo para Antonio, sino para todas las personas desaparecidas.