Las actuales cifras para sobre el estado de los delitos en México “no son confiables”, además de que el 93% de los ilícitos no se denuncian, gobiernos federal y locales “presentan comparativos caprichosos e incorrectos, reclasifican delitos en otras categorías o simplemente dejan de registrarlos”, alerta la agrupación Causa en Común.
En su estudio “Incidencia delictiva 2025… y algunas anomalías”, Causa en Común examinó los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); se detectó que “para presentar supuestas reducciones, el gobierno realiza comparaciones caprichosas con máximos históricos y entre bases de datos diferentes (como las del INEGI y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana); también hay evidencias de probables manipulaciones mediante el traslado de delitos a diversas categorías o subcategorías”.
“La subestimación y la distorsión de los datos sobre delincuencia con fines de propaganda política son ya de tal magnitud que impiden considerarlos una herramienta útil para generar diagnósticos y políticas públicas”, alertó Causa en Común.
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En el primer cuatrimestre de 2025 se detectó una “posible reclasificación de los homicidios dolosos como homicidios culposos (no intencionales): Morelos reportó una supuesta reducción de 37% de los homicidios dolosos, en contraste con un aumento del 78% de los homicidios culposos. Posible reclasificación de los homicidios dolosos como 'otros delitos contra la vida': San Luis Potosí reportó una supuesta reducción de 31% de los homicidios dolosos, en contraste con un aumento del 32% en el número de víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad”.
También se observa una “posible reclasificación de los homicidios dolosos como desapariciones: Jalisco reportó una disminución del 18% en el número de homicidios dolosos, en contraste con un incremento del 251% en el número de personas desaparecidas. Feminicidio: Guanajuato reportó seis víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó 28 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Sólo el 4% de los asesinatos de mujeres en la entidad fueron tipificados como feminicidios. Posible reclasificación de los secuestros como ‘otros delitos contra la libertad’: Sinaloa reportó dos víctimas de secuestro, en contraste con 730 víctimas de ‘otros delitos contra la libertad personal’”, se añade.
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Ademas se observó “una posible reclasificación de trata de personas como ‘otros delitos contra la sociedad’: Puebla reportó ocho víctimas de trata, en contraste con 152 víctimas de ‘otros delitos contra la sociedad’”, apunta.
En el caso de la extorsión, “de acuerdo con el INEGI, este delito presenta la segunda ‘cifra negra’ más alta. En este sentido, llama la atención que Chihuahua ha reportado únicamente 3 víctimas en el primer cuatrimestre de 2025”, apunta Causa en Común.
“En Narcomenudeo, en Chiapas, los reportes de narcomenudeo aumentaron 1,422%. Violencia Familiar: Ocho entidades reportan una presunta incidencia inferior a los mil casos, por debajo del promedio nacional de 2,700. Destaca Tlaxcala, con únicamente 24 casos de violencia nacional reportados en el primer cuatrimestre de 2025”, destaca la agrupación.
En el caso del “robo de vehículo con violencia: Desde 2019, Colima no reporta ningún caso de este delito”, por ejemplo, añade Causa en Común. En Robo a transeúnte con violencia, “en contraste con el promedio nacional de 396 casos por entidad federativa, Nayarit no ha reportado ningún caso de robo a transeúnte con violencia en el primer cuatrimestre de 2025”, detalla.
En robo a transportista con violencia: 14 entidades del país no reportan ni un solo caso de este delito, incluyendo a los estados fronterizos de Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, alerta Causa en Común. De esta manera Causa en Común propone impulsar la denuncia ciudadana, fortaleciendo modalidades como mesas de trabajo vecinales y vías digitales.
Asimismo apremia al SESNSP a “definir la aplicación de criterios homologados para la recopilación, sistematización y manejo de la información estadística y que lleve a cabo auditorías de los registros estatales de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que muestren anomalías y evidencias de probables manipulaciones”.