La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados puso a discusión en un foro de análisis, el uso de los datos biométricos y los riesgos para la privacidad, que prevé la ley de telecomunicaciones propuesta por la Presidenta de la República, y otros ordenamientos como la reforma en materia de simplificación de trámites gubernamentales.
Especialistas, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales coincidieron en alertar que el proyecto a discusión en el Senado de la República implica más riesgos que beneficios para los ciudadanos en lo referente a sus datos personales.
Sin garantías de resguardo a la información personal
Al abrir el encuentro, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que la norma planteada no da garantía de un debido uso y un adecuado resguardo de la información personal, incluyendo datos biométricos, de la ciudadanía.
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Sentenció que en México la intromisión de la delincuencia organizada en las instituciones y su cada vez más amplia operación en el territorio nacional, provoca sucesos trágicos como el ocurrido con dos de los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Ante esas circunstancias, se generan dudas y preocupación sobre los riesgos de poner en manos de las autoridades infiltradas y vulneradas por el crimen, la información personal de toda la ciudadanía.
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“Sabemos que la delincuencia organizada tiene una participación muy activa en nuestro país, que controla territorios, que controla autoridades, y si se pueden llevar a cabo magnicidios como el que vimos ayer, lamentable magnicidio que afecta profundamente nuestras instituciones, es precisamente porque hay una penetración de la delincuencia en las instituciones. ¿Queremos darle a las autoridades una libertad para acceder a nuestros datos biométricos, a nuestros datos e información sin que haya un contrapeso?, esa es una de nuestras principales preocupaciones”, planteó.
Pidió no olvidar que tanto la ley de telecomunicaciones como la reforma aprobada en materia de simplificación de trámites, dan a la Agencia de Transformación Digital del gobierno gran amplitud de facultades sin contrapeso, y crea un mecanismo de acceso a toda la información de toda la población, denominado Llave MX, que podría ser fácilmente vulnerado.
Vigilancia al ciudadano es inconstitucional
A su vez, María José de Icaza Banet, investigadora del Programa de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, alertó que la propuesta de ley de telecomunicaciones implicaría que el Estado implemente herramientas para vigilar a la población.
Ello hace recordar los efectos que en su momento tuvo el uso por parte del gobierno, del sistema de espionaje Pegasus, que se utilizó contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y otras personas críticas al régimen, dijo.
También, el hecho dado a conocer en el 2023, a través de la investigación periodística denominada “Ejército espía”, en la que a través de las filtraciones del caso Guacamaya Leaks, se conocieron informes donde los mandos militares identificaron a esos actores sociales como “enemigos potenciales” del gobierno.
El peligro con el proyecto a discusión, anotó, es que se pretende legalizar esa vigilancia gubernamental.
“Otorgar facultades para el acceso a nuestros datos y metadatos de telecomunicaciones a las autoridades competentes, implica que sin justificación, sin control judicial, sin controles claros, estas autoridades nos puedan vigilar como ya lo han hecho, pero ahora de forma legal”, recalcó.
En cuanto a la creación del padrón de usuarios de celulares, recordó que los dos intentos anteriores de aplicar esa medida, con los expresidentes Felipe Calderón y Andrés Manuel López obrador, fueron fallidos y la Suprema Corte los declaró inconstitucionales.
Ello, por violar la privacidad, limitar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y por resultar discriminatorios de personas vulnerables.
La ponente manifestó su tristeza ante la cerrazón de los congresistas a escuchar esas alertas y a no tomar en cuenta las experiencias previas al momento de plantear y aprobar leyes.
Tras reiterar que no hay evidencia para comprobar que la vigilancia a los ciudadanos a través de sus comunicaciones genere mejores condiciones de seguridad, la especialista señaló que el ejercicio de esas tareas a través de instancias como la Agencia Digital, que no estará sujeta a controles claros, no garantiza transparencia ni rendición de cuentas ni tendrá contrapeso en una supervisión independiente, es riesgoso para los derechos y las libertades.
La vigilancia señalada, remarcó, impacta negativamente en la libertad de expresión y de manifestación, y así lo han advertido instituciones como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han catalogado esas actividades como “medidas indirectas de censura”.
Registro de usuarios de telefonía móvil
Subrayó que mecanismos como el registro de usuarios de telefonía celular es una copia de padrones anteriores que resultaron fallidos y catalogados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como inconstitucionales.
“El registro de usuarios del servicio móvil ayuda a resolver problemas de seguridad, no, no hay ningún indicador que así sea, al contrario, promueve los riesgos para los usuarios. Y la posible vulneración de los derechos humanos y de los datos personales no solo se desprende de la iniciativa de ley de telecomunicaciones, sino de las funciones que adquiere la Agencia de Transformación Digital”, remarcó.
La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, Olivia Andrea Mendoza, indicó que en una sociedad hiperconectada quienes tienen los datos “tienen el poder”, ello, al hablar de la “soberanía del dato”.
Añadió que los mecanismos previos de censura, como los que se perfilan en la iniciativa presidencial, pueden traer consigo restricciones a la libertad de expresión.
Subrayó que en el contexto de la iniciativa presidencial, es necesario tomar con la seriedad necesaria el tema de los contrapesos que tendrá o no la Agencia Digital.
Salvaguarda a la información personal
Al intervenir, Ernesto Ibarra Sánchez, presidente Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, AMCID, pidió a los legisladores valorar con cuidado qué se busca y cuáles podrían ser los efectos de permitir el acceso a los datos personales y biométricos a las agencias de investigación.
Si la medida se tomará, anotó, será necesario establecer las salvaguardas de protección de esa información conforme a los estándares internacionales.
Si hay evidencia con ejemplos y casos de otros países, de que esas acciones funcionan para mejorar la seguridad y el combate al delito, planteó, México puede hacerlo, pero con las restricciones, controles y vigilancia permanente de expertos, sociedad civil y la academia, con el fin de evitar que autoridades se extralimiten.
Expresó que por el momento, es difícil decir que esas disposiciones resolverán el problema de la inseguridad, sin embargo, si se implementarán, debe haber detrás de la decisión un estudio y sustento con evidencias suficientes.
Asimismo, expresó que lo ideal sería que la sociedad participe en todo momento como observadora y vigilante.
Agencia Digital sin controles
En su participación, Anahiby Becerril Gil, consultora en ciberseguridad, derechos humanos y tecnologías emergentes, habló de la concentración de poder en la Agencia de Transformación Digital y las preocupaciones que eso genera.
Refirió que la iniciativa de ley, prevé la recolección, uso y almacenamiento masivo de datos personales y biométricos, que sin las salvaguardas necesarias y sin observar normas internacionales, abren la puerta a un uso que podría ser inadecuado.
Destacó que ante la inexistencia de un organismo autónomo regulador del sector, tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Agencia señalada que será un organismo sin autonomía, dependiente del Poder Ejecutivo, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que será el garante de los datos, pero ambos con subordinación ante de la Presidencia de la República, los ciudadanos no tendrán alternativa para demandar la protección de sus datos.
Como riesgos concretos de los cambios a discusión, identificó la normalización del “uso forzado” de la biometría para identificarse.
Al manifestarse a favor de no descalificar la captura de datos biométricos, enfatizó que lo relevante es centrar la atención en qué autoridades serán las encargadas de manejarlos.
Añadió que el uso de esa información por parte del Estado para combatir el delito, incluyendo el compartir datos entre instituciones, sin contar con una orden judicial y sin una base legal clara centrada en fundamentos de excepcionalidad, es lo que preocupa.
Recordó que la ONU ha lanzado alertas a nivel mundial, ante la decisión de distintos gobiernos de ejercer facultades de vigilancia masiva y que implican el uso de datos biométricos y personales de la población sin control, debe tener freno, porque tiene impacto negativo en materia de derechos humanos y representa un “alto potencial de abuso” por parte de la autoridad.
Consideró que la Agencia digital gubernamental debería estar sometida a controles, actuar en función de evaluaciones de impacto en materia de protección de datos personales y de derechos humanos.
Es necesario valorar a qué autoridades se les entregarán los datos de ciberseguridad, porque la instancia concentradora de la información sin autonomía, sin obligación de entregar informes periódicos sobe el uso de los archivos en su poder, sin estar sujeta a una auditoría externa y que no tendrá de frente un organismo garante independiente, genera alerta por posibles riesgos para la privacidad y derechos de las personas.