La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que las acciones de gobiernos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para censurar a los medios de comunicación, periodistas y columnistas que están difundiendo información sobre el presunto involucramiento de morenistas en una “red de huachicol”, forman parte de una estrategia a la cual se suma la ley de telecomunicaciones.
El vicecoordinador de la fracción, Federico Döring, afirmó que los gobiernos del partido Morena están intentando encubrir crímenes censurando la información.
Al manifestar respaldo a los comunicadores amedrentados con denuncias y notificaciones de la autoridad electoral, así como emplazamientos a retirar información publicada, como ocurrió en el estado de Tamaulipas, con personal del Instituto Electoral local, el parlamentario sentenció que los gobiernos guindas quieren “callar al mensajero para encubrir el crimen”.
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Calificó esas conductas como autoritarias e inaceptables.
Refrendó que las denuncias por la participación de morenistas que incluso ocupan u ocuparon cargos públicos, en una red de robo de combustibles cuyos dividendos han sido utilizados para pagar campañas electorales de ese partido, no son nuevas y el albiazul lo ha puesto en evidencia desde hace años.
Lamentó el intento de censura a una columna publicada en un diario de circulación nacional, en referencia a las publicaciones del periodista y cronista Héctor de Mauleón, donde se habla de los lazos entre Morena y algunos de sus líderes con una red delictiva de huachicoleo.
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Morena inventó el “huachicol fiscal”
Döring Casar señaló que desde el 2019, a inicios del gobierno anterior, se denunció el fenómeno del “huachicol fiscal” o actividades de contrabando para evadir el pago de impuestos, al declarar embarcaciones con combustibles como cargadas con otras sustancias como aceites.
Aseguró que ese negocio ilícito implementado en los gobiernos morenistas, generó pérdidas para la Federación por más de 550 mil millones de pesos el sexenio pasado.
Calificó esa práctica como “delincuencia organizada con fines políticos”.
Aseguró que la información sobre vínculos de integrantes y “operadores” del partido Morena, como en el caso del cuñado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien se le revocó la visa de Estados Unidos junto con su esposo, ha incomodado al partido en el gobierno.
Al aseverar que en el estado de Tamaulipas también se ha denunciado la intervención del crimen organizado en esas elecciones para favorecer al actual gobernador, Américo Villarreal, así como irregularidades por “huachicol fiscal” en el sector de las aduanas.
Frente a los hechos, en lugar de investigar y combatir el delito, los morenistas han respondido con una “embestida legal para silenciar a quienes los señalan. El gobierno ya no se conforma con callar como momia ante los escándalos, ahora busca apagar micrófonos, cerrar transmisiones y controlar lo que la ciudadanía puede ver o escuchar”.
Ley de telecomunicaciones
Manifestó que los actos descritos, forman parte de una cadena donde la ley de telecomunicaciones y su contenido de censura, es un eslabón más.
“La ley censura es un blindaje político, un arma contra la verdad y un retroceso que pone en riesgo nuestra libertad. Morena quiere callar al mensajero para que nadie hable del crimen que ellos mismos están cometiendo”, alertó.
Refrendó que el proyecto a discusión en el Senado de la República tendrá cambios, pero mantiene disposiciones que permitirán al Gobierno Federal cancelar señales de radio y televisión, imponer un registro de usuarios de telefonía celular para vigilar a los ciudadanos, y sustituir al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con un organismo “títere”, manejado por el propio Ejecutivo Federal.
El legislador del blanquiazul aseguró que ante los hechos su partido defenderá el derecho a la libertad de expresión, la libre prensa y el derecho de acceso a la información.
No se permitirá que avance una “ley censura” que busca “proteger corruptos y silenciar verdades incómodas”.
Apuntó que la “lucha” contra esa ley se librará en el ámbito legislativo, jurídico y también social.