La Fiscalía General de la República (FGR) decidió cerrar su participación en la investigación del caso de Marco Antonio Amador Martínez, joven migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas en 2013, ignorando la búsqueda de su madre, Mary Elizabeth Martínez Castro.
La FGR alega “incompetencia” para continuar con la investigación alegando que “no encontró indicios de delincuencia organizada y, por tanto, remite el caso a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJTAM) como un asunto del fuero común”. Esta decisión se contrapone a la Acción Urgente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, que exige a todas las instancias del Estado mexicano actuar con la debida diligencia y de forma coordinada para encontrar a Marco Antonio.
La familia de Marco Antonio, con el acompañamiento legal de la Fundación para la Justicia, ha interpuesto un amparo para revertir esta resolución; “este no es un caso aislado: la FGR ha mostrado un patrón de abandono e incompetencia en la investigación de los casos de personas migrantes desaparecidas, vulnerando gravemente el derecho a la verdad y la justicia de sus familias.
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Marco Antonio Amador Martínez es un joven hondureño que emigró de su país a los Estados Unidos en el 2013. No logró cruzar al otro lado de la frontera pues, en la carretera entre Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas, fue bajado del autobús en el que viajaba por miembros de un grupo armado, y desde el 11 de marzo del 2013 se encuentra desaparecido.
La lucha que ha encabezado su madre Mary Elizabeth Martínez Castro por encontrarlo sin importar las fronteras, cuenta con la Acción Urgente 1650/2023 emitida por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, la cual apremia la coordinación de todas las instancias del Estado mexicano para encontrar a Marco Antonio.
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Cabe recordar que en abril pasado, el Comité advirtió que las desapariciones forzadas en México podrían ser sistemáticas, lo que abre la posibilidad de elevar el caso ante la Asamblea General de la ONU a través del artículo 34 de la Convención.
A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) lejos de entender la importancia de investigar los casos de personas migrantes desaparecidas, el 28 de abril notificó a la representación legal de doña Mary Martínez su resolución donde declara su “incompetencia” en el caso. Este deslinde de las autoridades federales implica un grave retroceso en la investigación, así como en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño. A ello se suma el hecho de que, para dar seguimiento a la carpeta de investigación tendría que viajar desde Tegucigalpa, Honduras, a Tamaulipas, con los consecuentes riesgos para su seguridad; además de otros retrocesos en su acceso a sus derechos como víctima.
Desde Tegucigalpa, Doña Mary Martínez expresó el amor a su hijo Marco Antonio; “mi hijo se fue buscando un futuro mejor para él y su familia. La angustia que vivo cada día es muy fuerte. Cada día que pasa y no sé nada de él, para nosotras las madres es muy doloroso y desgastante para la salud. Todas las madres queremos encontrar a nuestros hijos. Le pido a las autoridades mexicanas y la FGR que me sigan apoyando, porque necesito de las instituciones para encontrar a mi hijo Marco Antonio”, remarcó.
La familia de Marco Antonio ha presentado un recurso de impugnación para apelar esta decisión a través de sus representantes jurídicos, la Fundación para la Justicia, el cual debe resolverse por el juez de control en días próximos.