Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos contra las personas inmigrantes detenidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso, Texas, (EPSPC), en el contexto de la represión general de inmigrantes por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En una visita de investigación a El Paso, Texas, en abril de 2025, se documentaron “alarmantes patrones de abusos y violaciones sistémicas de derechos”. Dehumanized by Design: Human Rights Violations in El Paso expone malos tratos generalizados en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso, además de que se ha reforzado el control de la inmigración, en ocasiones de manera ilegal, y el uso “alarmante” de la Ley de Enemigos Extranjeros para clasificar como personas de alto riesgo y afiliadas a bandas a personas venezolanas que buscan seguridad, detenerlas y expulsarlas de la Unión Americana.
“El gobierno de Trump actúa descaradamente de forma selectiva contra nuestros familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas inmigrantes, y ha vuelto insoportable su vida”, expuso Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos.
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“Se están practicando detenciones de inmigrantes en todo el territorio estadounidense, incluidas personas solicitantes de asilo y otras que llevan años viviendo en Estados Unidos, a quienes se está negando acceso a representación letrada y al debido proceso, sometiendo a condiciones de reclusión abusivas y, en algunos casos, a desaparición forzada y traslado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Estas prácticas no sólo son inhumanas, sino también ilícitas”, apunta el organismo humanitario.
Amnistía Internacional se reunió con 27 personas detenidas y con organizaciones locales y proveedores de asistencia jurídica, ayuda humanitaria y servicios sociales. La organización observó “un desprecio general por las normas de derechos humanos” en las medidas migratorias.
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Amnistía Internacional también documentó numerosos casos de detención arbitraria, incluso en contra de personas que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y que habían presentado solicitud de asilo. Entre ellas había quienes huían de la violencia política, la tortura y la violencia de las bandas. Muchas denunciaron no tener acceso a representación letrada, estar en detención prolongada sin motivo, sufrir condiciones de reclusión crueles e inhumanas y ser objeto de traslados entre centros que afectan a su capacidad de comunicarse con sus seres queridos y con proveedores de servicios jurídicos.
Al abundar sobre la reciente suspensión del Programa de Orientación Jurídica del Departamento de Justicia estadounidense, el organismo humanitario resalta que se ha reducido la capacidad de las personas detenidas para conocer sus derechos y moverse por el sistema de inmigración. En El Paso, Texas, organizaciones como Estrella del Paso, que prestaba servicios esenciales a migrantes en los centros de detención sobre la ley de inmigración y el sistema de justicia, así como apoyo a menores no acompañados ante los tribunales, se han quedado sin financiación, lo que deja a las personas inmigrantes atrapadas en el sistema, sin acceso a representación letrada ni al debido proceso.
La mayoría de las personas detenidas carecían de representación jurídica y varias reconocieron que sentían frustración ante la falta de acceso a recursos legales. Otras dijeron que no tenían acceso a información de ninguna clase sobre su caso.
Al acusar una actuación “selectiva”, Amnistía Internacional señala que “utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, el gobierno de Trump ha actuado desproporcionadamente contra personas venezolanas calificándolas de “afiliadas” a bandas sin pruebas, deteniéndolas arbitrariamente y expulsándolas sin el debido proceso, en algunos casos a El Salvador, donde se enfrentan a condiciones de reclusión inhumanas y riesgo de tortura.
En el el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso hubo quienes denunciaron que las personas venezolanas sufren de manera desproporcionada malos tratos a manos de los guardias, régimen de aislamiento y la calificación de “enemigo extranjero” basada únicamente en la nacionalidad y la presencia de tatuajes, y todo ello sin el debido proceso. Desde el anonimato, varias personas detenidas contaron con detalle cómo los guardias las amenazaban con enviarlas a Guantánamo o El Salvador como táctica de terror o intimidación, o como medida disciplinaria.
Amnistía Internacional concluyó que las condiciones en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC) violan las normas de reclusión tanto estadounidenses como internacionales. Personas detenidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso denunciaron malos tratos de los guardias, uso del régimen de aislamiento, espacios insalubres y superpoblados (incluidos aseos disfuncionales), asistencia médica insuficiente y comida caducada y de mala calidad.
“Este gobierno está deteniendo a personas y llevando a cabo deportaciones masivas sin respetar los derechos humanos, la dignidad ni la rendición de cuentas”, ha dicho Fischer. “Esto no es una política funcional de inmigración, sino un ataque declarado a la comunidad inmigrante en el que la crueldad se utiliza como arma para conseguir que la gente renuncie a sus derechos y se autodeporte”.
Mientras, el gobierno de Trump solicita más de 200.000 millones de dólares estadounidenses para ampliar su capacidad de control de la inmigración, incluidos 45.000 destinados a triplicar la capacidad actual de detención hasta 150.000 personas al día.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a la detención masiva de inmigrantes, garantice la evaluación personalizada de cualquier detención con presunción de libertad, garantice el derecho a asistencia letrada y respete en todo momento las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, debe poner fin a su actuación selectiva contra las personas venezolanas en estricto cumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement).
“El Congreso debe decir ‘no’ a que se destine más dinero a ampliar este cruel sistema”, ha dicho Fischer. “Da igual lo que diga el presidente Trump, Estados Unidos tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que viven dentro de sus fronteras. Las violaciones de derechos que documentamos en El Paso, entre otros muchos sitios, deben acabar ya”, concluyó Amnistía Internacional.