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El caso Teuchitlán ni es nuevo ni es el único: colectivos de personas buscadoras

En el foro al que acudieron representantes de más de una decena de colectivos, se escuchó repetidamente el grito de lucha “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡no estás sola!”

Frente al presídium, las invitadas colocaron las fotografías de sus hijos, hijas, esposos, hermanos y hermanas
Frente al presídium, las invitadas colocaron las fotografías de sus hijos, hijas, esposos, hermanos y hermanasCréditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIONAL el

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados organizó un foro sobre desapariciones de personas. 

Ello, mientras liderazgos de la bancada aliada y mayoritaria en el recinto, la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recriminaba a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la determinación de abrir un procedimiento por la problemática que se vive en esa materia, en México. 

En el foro al que acudieron representantes de más de una decena de colectivos y organizaciones de personas buscadoras, se escuchó repetidamente el grito de lucha “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡no estás sola!”, en apoyo a las y los familiares, principalmente mujeres, de desaparecidos. 

Frente al presídium, las invitadas colocaron las fotografías de sus hijos, hijas, esposos, hermanos y hermanas y demás familiares desaparecidos, así como datos sobre las fechas y lugares de sus desapariciones. 

Reconocer la gravedad de las desapariciones 

Al inaugurar el encuentro, el coordinador petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, sentenció que el fenómeno referido es cruel y las cifras conocidas reflejan la gravedad del asunto. 

Sandoval Flores recordó que se estima que en México existen más de 116 mil 800 casos de personas desaparecidas, eso, de acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024, de la plataforma digital de monitoreo de datos sobre desapariciones, “Red Lupa”.

“Las cifras existentes sobre esta problemática dan muestra de cómo este fenómeno afecta y trastoca el tejido social. Hoy 8 de abril, se reportan 116 mil 842 personas desaparecidas, así como 10 mil 204 personas no localizadas. Los datos muestran que los cinco estados con el mayor número de casos de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León”, refirió. 

Calificó como grave, que las personas jóvenes y en plena edad productiva, sean las que encabecen las listas de desaparecidos y no localizados. 

“Es alarmante observar que el rango de edad, esto es lo más cruel, en el cual se concentran la mayoría de los casos de personas desaparecidas se ubica entre 25 y 29 años. Sin embargo, existen casos de desapariciones en todos los rangos de edad”, abundó. 

Crisis sin precedente en Sinaloa 

Al intervenir, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza, quien habló de que el “conflicto armado” desatado en la entidad a partir del 9 de septiembre de 2024, ha generado una crisis de inseguridad “sin precedente” en la entidad. 

Recordó que el detonante fue la ruptura en la “tregua” entre las fracciones confrontadas del Cártel de Sinaloa, identificadas como el grupo de “Los Chapitos”, asociado a los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; y “la mayiza”, ligada al también líder criminal Ismael “El Mayo” Zambada. 

La ola de violencia desatada, recalcó, afectó a regiones enteras de Sinaloa donde se alteraron las actividades escolares, comerciales y sociales. 

Indicó que de acuerdo a reportes periodísticos y el rastreo de información, antes del 9 de septiembre, el promedio de personas que no regresaban a sus hogares, era de tres personas cada 24 horas. 

A partir del estallamiento “del conflicto armado”, el promedio subió a 6.7 personas cada 24 horas y para el pasado 31 de marzo, era de 5.9 personas que no regresaban a sus hogares cada 24 horas. 

La ola de violencia generó la desaparición de mil 208 personas, en el periodo señalado.

De septiembre de 2024 a marzo pasado, se estima que más de 800 familias quedaron desplazadas de su lugar de origen. 

Añadió que ante esos hechos y el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra la Desaparición Forzada podría llamar a declarar a México para que rinda cuentas. 

Señaló que si bien la respuesta del Gobierno Federal ha sido que colaborará con la ONU, también se ha dicho que la problemática no es generalizada ni sistemática. 

También alertó sobre las fallas que tienen las iniciativas en la materia enviadas por la Presidenta de la República, porque parten de equiparar la desaparición forzada al secuestro, lo que representaría invisibilizar las desapariciones. 

Ello, aunado a que el Ejecutivo Federal no ha mostrado tener políticas públicas en específico para atacar la problemática. 

Caso Teuchitlán no es nuevo ni es el único 

En su participación, Camilo Valenzuela, exmilitante del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y experto en desapariciones, advirtió que el problema de las desapariciones se resolverá sólo si se parte de un diagnóstico real de la gravedad de esa “enfermedad”. 

Al asegurar que el origen del problema es la “neocolonización” de los intereses capitalistas que orillan a la sociedad a tomar como metas y valores las posesiones económicas, el “estatus” social y el “dinero fácil”, Valenzuela Fierro recalcó que el caso Teuchitlán no es nuevo y tampoco el único. 

Advirtió que donde hay grupos del crimen organizado hay campos de reclutamiento y de entrenamiento forzado, también secuestros de niñas, niños y jóvenes, trata de personas, también formación de “ejércitos ilegales”, tráfico de órganos y narcotráfico. 

También expresó que la “guerra” en Sinaloa se desató a partir de la intervención de Estados Unidos, que “promovió el secuestro” de “El Mayo” Zambada, al que identificó como quien mantenía “más o menos” bajo control la violencia en la entidad. 

Advirtió que el gobierno norteamericano tiene “el pulso” de los cárteles mexicanos y saben a cuáles les conviene mantener a flote y cuáles les representa “un estorbo”. 

Voz de las buscadoras 

Al intervenir, las y los representantes de aproximadamente 15 colectivos de familias buscadoras de Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Nayarit, coincidieron en señalar que el Estado “no ha hecho nada” ante la tragedia de quienes se han dado a la tarea de buscar por sus propios medios a sus seres queridos, arriesgando su integridad y su vida. 

Lamentaron la falta de coordinación entre las instituciones de procuración de justicia, y la resistencia a compartir información para buscar a los desaparecidos. 

A modo de protestas respecto a lo que debería contemplar la ley en la materia propuesta por la Presidenta, a la que reclamaron no haber escuchado antes a las familias y generar iniciativas que no las toman en cuenta, señalaron que se requiere contar con una línea de denuncia de desapariciones, anónima. 

También que se trabaje en la extinción de dominio y mecanismos para “golpear” y desactivar el poder económico del crimen. 

Si hablan, las matan 

Al dar su testimonio, Irma Arellanes Hernández, del Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, de Sinaloa, fue tajante al señalar que si las buscadoras hablan y exponen la problemática públicamente, “las matan”. 

Calificó como urgente que el Gobierno Federal escuche a todos los colectivos, que las reformas propuestas sean consultadas con las madres buscadoras y las familias. Indicó que en el país hay 95 colectivos nacionales y 4 internacionales. 

Viridiana Gil Remigio, del Colectivo Desaparecidos Michoacán, demandó que el diálogo con el Ejecutivo Federal se materialice en acuerdos y planteamientos concretos a reflejar en la ley, de otro modo, los acercamientos quedarán en meras “palabras”.

“Del decir al hacer hay un abismo” y sin a las familias de las víctimas no se les pregunta, no se puede sacar una ley, atajó. 

Habló de la necesidad de implementar protocolos para dar atención y seguimiento a los casos de los familiares que se quedan a cargo de los hijos de personas desaparecidas. 

Indicó que hoy la atención se centra en el caso del rancho en Teuchitlán, Jalisco, pero hace unos meses, a finales del año pasado, los reflectores enfocaron en Tacámbaro, Michoacán, donde se encontró una “mega fosa” clandestina, en la zona conocida como “La Parotita”. 

Antes, fueron las fosas localizadas en el predio identificado como “Los negritos”, en las inmediaciones de la Ciénega-Chapala, en los límites con Jalisco. 

Blanca Liliana Jaimes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, de Michoacán, cuestionó por qué las autoridades federales no convocaron antes a las familias y colectivos a discutir la crisis, y tuvo que registrarse el caso Teuchitlán para convocar al diálogo. 

Lamentó que la atención a los colectivos en las entidades dependa de la “voluntad política” de las autoridades y de si los familiares están afiliados o no a determinada fuerza política. 

“¿Qué les pasa, no sienten, no les pesa, no sienten el peso en sus hombros de todos los desaparecidos?”, recriminó, tras recalcar que la obligación de buscar a los desaparecidos no es de las madres y otros familiares, sino del Estado. 

Araceli Domínguez Martínez, del Comité de Familiares y Amistades en Búsqueda de la Defensora Sandra Domínguez, indicó que a seis meses de la desaparición de su hermana, no hay resultado alguno. 

Recordó que Sandra Estefana, en su calidad de abogada y defensora de derechos, denunció una red de funcionarios del gobierno de Oaxaca que exponían fotografías y videos de mujeres indígenas “en situaciones vulnerables” y en consecuencia, desapareció desde el pasado 4 de octubre de 2024. 

Indicó que los denunciados siguen ejerciendo el cargo, no han sido investigados y en respuesta, el gobierno de Oaxaca ha criminalizado y revictimizado a Sandra. “Es doloroso que no se defienda a los defensores”, manifestó. 

Pidieron que se regularicen los centros de rehabilitación de jóvenes con adicciones y los llamados “anexos”. 

Que se establezcan guardias permanentes de lunes a domingo en los Ministerios Públicos, para que haya asesores jurídicos disponibles que puedan auxiliar a las familias de las víctimas a promover sus denuncias y lograr que inicie la búsqueda. 

Las comisiones de búsqueda locales trabajan de lunes a viernes y en horarios que no son de oficinal, no hay quien atienda a los denunciantes, relataron. 

Solicitaron que la ley establezca como delito equiparado a la desaparición forzada, la inacción, omisión y bloqueo a las investigaciones y la integración de carpetas por parte de la autoridad encargada de atender los casos. 

Que haya apoyo económico a las familias de buscadores, por parte de las comisiones de Atención a Víctimas.