Por unanimidad, el Senado de la República avaló la minuta de la Cámara de Diputados que permite portar armas a funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, Banco de México, SAT, PEMEX y CFE.
Con 105 votos a favor y sin mayor discusión, los senadores dieron luz verde al proyecto enviado desde San Lázaro que permite que los integrantes de empresas paraestatales y organismos autónomos cuenten con una licencia para portar armas de fuego.
En este sentido, la reforma establece que podrán portar armas de fuego quienes, por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad.
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La reforma prevé también la posibilidad de que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo puedan poseer un rifle calibre 22 o una escopeta de cualquier calibre en sus domicilios para su legítima defensa, siempre y cuando acrediten de manera clara su actividad en el sector rural.
Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera, destacó que la reforma no busca criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, sino cerrar los espacios de impunidad para quienes abusan de este derecho.
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Con esta reforma, se busca actualizar el marco jurídico y adaptarlo a las exigencias contemporáneas, por lo que amplía la lista de armas de fuego que pueden tener las personas para fines de seguridad y legítima defensa.
Además, incrementa el número de armas consideradas de uso exclusivo del Ejército y prohíbe la fabricación, uso y portación de armas, piezas y componentes tridimensionales, elaborados de manera artesanal.
El dictamen aprobado se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.