En la Cámara de Diputados, entre las fracciones parlamentarias siguió siendo tema de debate el del FOBAPROA, quiénes lo crearon y si debe o no desaparecer.
En ese marco, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó su propuesta de eliminar ese mecanismo a través del cual, se hizo pública una deuda multimillonaria que era privada.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa del coordinador Rubén Moreira, cuyo fin es eliminar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, a través de modificaciones a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
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“La disponibilidad de recursos presupuestarios que se generen con motivo del presente decreto se asignarán, año con año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el rescate de la infraestructura hospitalaria y para los programas de construcción, mantenimiento y conservación de carreteras no concesionadas y caminos rurales”, dice el proyecto del diputado Moreira Valdez.
El promovente subrayó que en una ocasión anterior, ya había propuesto frenar el pago de los intereses de la deuda de FOBAPROA, para destinar al menos 50 mil millones de pesos a salud.
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“Y ese dinero, nosotros estamos de acuerdo con la auditoría, ver quiénes son los que de manera ilegal recibieron esos recursos y que ya se pare la entrega, en lugar de usarlo como discurso, que ya se pare. Hoy vamos a volver a entregar la iniciativa”, declaró.
Lo anterior, en el contexto de las críticas del expresidente Ernesto Zedillo al gobierno de la Presidenta de la República y la respuesta de ella, anunciando que exhibirá información sobre cómo en el sexenio del priísta, se aprobó que la deuda referida fuera pagada con recursos públicos.
Morena no quiere eliminar el FOBAPROA
En tanto, el líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa subrayó que el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es el que no quiere desaparecer el polémico Fondo.
A su vez, la diputada del Partido del Trabajo (PT, Lilia Aguilar, aprovechó para arremeter contra quien identificó como creador del Fondo, el expresidente Ernesto Zedillo.
También descalificó a la oposición por utilizar a un personaje político desacreditado, como el expresidente Zedillo Ponce de León.
“Hay que ser no solamente desmemoriado, sino estar completamente desesperado para poder utilizar a Ernesto Zedillo, que ahora además le quieren decir paladín de la democracia, imagínense, los bots de la derecha, empeñados en utilizar este nombre para criticar, Ernesto Zedillo el de Aguas Blancas, Ernesto Zedillo el de Acteal, Ernesto Zedillo el que dejó a miles, yo me atrevería a decir, millones de mexicanos en la calle después de la devaluación y el supuesto rescate financiero que se da con el FOBAPROA”, recriminó Aguilar Gil.
Imposible eliminar el FOBAPROA
En tanto, al salir a repudiar los cuestionamientos del exmandatario federal contra la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado Hugo Eric Flores y otros integrantes de la fracción guinda, afirmaron que el señalado no tiene calidad moral de enjuiciar a la actual administración.
Reconocieron que si bien Zedillo no tiene impedimento alguno para emitir sus opiniones y sus derechos como mexicano están a salvo, no obstante, lo responsabilizaron de que México haya pagado hasta el momento más de dos billones de la deuda del FOBAPROA, y tenga pendiente por pagar, más de dos billones adicionales.
“Porque no hay hasta ahora absolutamente ninguna persona que se haya castigado por las irregularidades cometidas en ese momento. La evaluación final de ese periodo fue mayor pobreza, mayor destrucción económica y sobre todo un rescate bancario lleno de opacidad, lleno de corrupción, porque a pesar de que se han pagado dos billones todavía tenemos que pagar los mexicanos una deuda de 8 mil millones de pesos, casi 9 mil millones de pesos cada uno”, advirtió Ramírez Cuéllar.
También admitieron que Morena no ha propuesto eliminar el pago en cuestión, aunque sus liderazgos así lo reclamaban cuando eran parte de la oposición, porque legalmente no es posible, por tratarse de un compromiso del Estado mexicano, que si bien fue signado de manera ilegal, está vigente.