La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que se le concedió a Silvano Aureoles Conejo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con la compra, a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de juez en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, ordenó notificar al tribunal colegiado que el pasado 22 de abril de este año se le otorgó al exgobernador de Michoacán la medida cautelar.
De esta forma, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal, deberá resolver, en un plazo de 48 horas, si confirma, modifica o revoca la suspensión.
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En tanto, Aureoles Conejo ya pagó la garantía de 52 mil pesos que le impuso el juez de amparo, con lo cual la medida cautelar sigue vigente y la FGR no podrá detener al exservidor público, aunque se le imponga la prisión preventiva justificada.
Sin embargo, el exmandatario aún debe cumplir con otro requisito para no ser detenido, para ello tiene que comparecer ante el juez que lo requiere, en un plazo de tres días hábiles, de no hacerlo, la suspensión será revocada.
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La FGR ha señalado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores del ex gobernador, quienes fueron imputados presuntamente por ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal superior a los 3 mil 400 millones de pesos.