Las reformas propuestas por la Presidenta de la República en materia de desapariciones de personas y que están en pausa en el Senado de la República, integrarán instrumentos para atender de manera integral el problema, destacó la vicecoordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez.
La legisladora también calificó como un acierto la apertura al diálogo con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Senado de la República, con las organizaciones de madres buscadoras.
Al fijar postura al respecto, la congresista señaló que algunas de las herramientas propuestas por la mandataria federal permitirán mejorar la acción gubernamental ante la situación.
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Hizo énfasis en la implementación de la Clave Única de Registro de Población, CURP, a la que se agregarán datos biométricos de la población como las huellas dactilares, así como mecanismos para sistematizar la información sobre las investigaciones en caso de desaparición y la implementación de una base de datos forenses a través de un Banco Nacional que permita identificar de manera adecuada y más ágil los restos de personas.
“Este gobierno impulsará reformas fundamentales como la modificación a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada. El objetivo: fortalecer las fiscalías estatales, agilizar investigaciones y sobre todo, interconectar al país con un sistema de información en tiempo real”, expresó.
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Dichos cambios prevén imponer sanciones a servidores públicos que no actualicen la información de las investigaciones, aunado a que se prevé fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda.
También se pretende transparentar las cifras sobre las desapariciones en el país, y asegurar que se cumpla el derecho de acceso a la verdad.
Negó que en la presente administración se esté ignorando, minimizando y politizando el tema, porque ello significaría favorecer la impunidad.
Desapariciones, una herida abierta
Al reconocer que el tema de desapariciones y desapariciones forzadas en el país es una herida abierta desde hace décadas y que se pretende atender con sensibilidad, Jiménez Godoy destacó el enfoque que está planteando la mandataria federal.
La crisis se está enfrentando con acciones directas y medidas “estructurales”, dijo.
Aseguró que a diferencia de gobiernos anteriores, la situación se quiere desterrar “de raíz”, sin encubrimiento, sin verdades a medias y con respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares.
Consideró que las acciones en torno al caso del rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, son ejemplo del modo en que la Federación intervendrá ante ese tipo de casos.
A ello se suman las reformas enviadas por la propia Presidenta y que están pendientes en el Senado de la República, con el fin de integrar las consideraciones de los colectivos de personas buscadoras, dijo.
En lo que toca a los diputados, se impulsará y aprobará un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante la legislación referida, finalizó.