El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que resulta inviable implementar boletas braille en la elección judicial, ya que ello implicaría un impacto económico adverso y su producción no finalizaría en un tiempo que permitiera su oportuna distribución.
No obstante, el Consejo General puntualizó que, conforme al artículo 279 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las personas que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas, podrán recibir asistencia de una persona de su confianza para ejercer su derecho al voto.
En el marco de la sesión extraordinaria que se realizó este miércoles, la consejera Dania Ravel Cuevas lamentó que la falta de presupuesto impida la implementación de las plantillas braille en el actual proceso electoral.
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“No puedo dejar de lamentar que no tengamos estos elementos de accesibilidad para las personas ciegas en esta elección derivado de la falta de presupuesto y de tiempo para preparar esta elección y poder explorar cómo sí hacer posible una boleta braille, aún con todos los elementos que puso en la boleta el legislador y que nos pidió implementar”.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala Pérez sostuvo que la elección judicial ha propiciado una serie de regresiones en materia de derechos humanos.
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“Y hoy estamos colocados en una lamentable situación de regresión, de frente a la garantía y a la eficacia de los derechos de las personas con discapacidad. Este ejercicio del proceso electoral, primer ejercicio del proceso electoral obviamente no va a tener elementos para servir de base para lo que viene, hemos tenido regresiones en derechos que ya habíamos garantizado desde el INE y que hoy el mismo Tribunal ha señalado que no existen las condiciones para la garantía de toda esta gama de derechos que ya habíamos avanzando en la eficacia”.
De acuerdo con los datos del INE, 2 mil 386 personas utilizaron la plantilla braille en las elecciones de 2024, por lo que la producción de boletas para igual número de personas, implicaría la impresión de más de 100 mil 000 páginas en sistema braille, con un número de caracteres mucho mayor y que además requeriría un proceso de encuadernación, lo cual se estima que no podría concluirse en el periodo con el que se dispone para su oportuna distribución a los consejos distritales.