MIGRACIÓN

Abogado y organizaciones exigen justicia para víctimas del incendio en Ciudad Juárez

El abogado Luis Javier Carrancá Álvarez, de la Clínica Jurídica Alaíe Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana,denunció que el siniestro no fue un accidente.

Integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) leyeron cartas abiertas al exterior de Palacio Nacional.
Integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) leyeron cartas abiertas al exterior de Palacio Nacional.Créditos: Cuartoscuro
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A dos años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el abogado Luis Javier Carrancá Álvarez, de la Clínica Jurídica Alaíe Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, junto con diversas organizaciones, presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Instituto Nacional de Migración (INM). El objetivo es exigir una reparación integral para las víctimas y justicia para los afectados.

Carrancá Álvarez denunció que el siniestro no fue un accidente, sino consecuencia de una política migratoria basada en detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas. "No ha habido un reconocimiento de que esto fue producto de una estrategia de maltrato sistemático hacia los migrantes. Mientras esta situación persista, tragedias como la de Ciudad Juárez seguirán ocurriendo", afirmó.

El abogado criticó la permanencia de Francisco Garduño al frente del INM, señalando que su continuidad representa un mensaje de impunidad. "Las detenciones arbitrarias, el maltrato y la negación de agua no son incidentes aislados, sino decisiones políticas deliberadas", sostuvo.

Además, destacó que las políticas migratorias actuales han generado mayor exclusión y rechazo hacia los migrantes, exacerbando el problema en lugar de solucionarlo. "Se les niegan documentos para trabajar, empujándolos a la indigencia, lo que genera tensiones sociales. No es culpa de los migrantes, sino de una política gubernamental fallida", advirtió.

El litigante también enfatizó la urgencia de un cambio estructural en el sistema migratorio, garantizando derechos y controles adecuados en las detenciones. "Las víctimas merecen justicia y una reparación real, no solo una compensación limitada. Es fundamental que el gobierno asuma su responsabilidad y transforme su política migratoria", concluyó.