El titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, informó que una de las prioridades en el plan nacional de desarrollo del gobierno de México 2025-2030 será la de promover una reforma al artículo 27 constitucional con la finalidad de regresar a los ejidos y comunidades agrarias el sentido social y motor de desarrollo en nuestro país, lo cual además, permitirá frenar el avance del crimen organizado y sus consecuencias negativas.
Al dar a conocer los resultados del foro de consulta: “Los ejidos y comunidades agrarias en el segundo piso de la cuarta transformación” precisó que las reformas neoliberales propiciaron el abandono y olvido del campo mexicano y protegieron a los grandes intereses financieros incluido el nárcotrafico que tuvo oportunidad de apropiarse de grandes extensiones territoriales para fines delictivos.
“Ese abandono también propició el desarrollo del crimen organizado en los territorios, no solamente ya para la producción y tráfico de estupefacientes sino también para el reclutamiento de jóvenes sin alternativa y también para el establecimiento de nuevos sistemas de extorsión y extracción de valores económicos de las economías regionales", comentó.
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En coincidencia de medios, el procurador agrario aclaró que “es importante restablecer esa presencia del estado en el territorio rural porque la violencia no fue obra de la casualidad, es resultado directo del abandono de un gobierno neoliberal y el desprecio que han tenido los gobiernos del PRI y PAN a los pueblos campesinos e indios”.
Agregó que la reforma al 27 constitucional es parte fundamental para la construcción de la paz en nuestro país.
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“Sería parte de la estrategia para la construcción de la paz, es una estrategia integral pero si te todo es la parte que va a las causas que motivan tanto la violencia como la migración, es por eso que nosotros creemos que esta etapa va a permitir que los ejidos y comunidades estén en la prioridad del gobierno y los privados tienen la mitad del territorio nacional”, dijo.
Subrayó que con esta reforma legal se pretende frenar es el despojo, el engaño, la corrupción y la especulación, ya que muchas veces a través del crimen organizado se obliga a los ejidos y comunidades a tomar decisiones en contra de sus propios intereses.
Agregó que el estado mexicano centrará su atención en el desarrollo de las comunidades del campo como un motor de desarrollo que convivirá con la inversión privada y con la inversión pública.
Esta óptica permitirá frenar también el fenómeno migratorio nacional que durante los gobiernos neoliberales pasó de 14 a 40 millones de mexicanos que abandonaron el territorio nacional.
En las conclusiones de dichos foros se planteó la necesidad concreta del reconocimiento legal y autonomía ejidal para que las autoridades agrarias y ejidos sean reconocidos como sujetos colectivos de derecho público con acceso a financiamiento y autogobierno democrático.
Además se plantea la reforma al artículo 27 constitucional y la inclusión de mujeres y jóvenes en la vida ejidal. @amarilloalarcon