“No habrá un paso atrás en la exigencia de la presentación de nuestros compañeros, no podemos esperar mucho” pero, con el gobierno federal “tenemos que poner en la mesa los temas pendientes. Hay personas claves que están detenidas, sin embargo, no han proveído de información, entonces, que el gobierno implemente mecanismos, acercamientos, puentes, mecanismos legales, incentivos para que las personas detenidas sean realmente una fuente de información que nos puedan decir ¿qué es lo que pasó, nosotros estamos seguros que muchos de los detenidos tuvieron que ver y saben y tienen información, entonces creo que es el reto del gobierno hoy en día, trabajar esa parte”, remarcó Vidulfo Rosales, representante legal de madres y padres de los normalistas rurales desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Con una segunda reunión en puerta entre los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rosales recordó que se iniciaron conversaciones con la nueva administración “en condiciones sumamente complicadas, porque con el anterior gobierno se llegó una crisis de diálogo al nivel más bajo, se llegó a un grado de confrontación muy fuerte; el diálogo estaba seriamente afectado, por no decir que estaba totalmente roto. Con ella habría que reconstruir un puente de confianza, de distensión, que permitiera que el diálogo fluyera; yo creo que se logró eso en la primera reunión”, remarcó Rosales al recordar que la del pasado 4 de diciembre, “fue una reunión muy tensa, muy dura, muy difícil, pero se logró encausar la misma, se reconstruyó el diálogo y ahorita estamos en un diálogo que fluye”.
El próximo viernes, “toca ya, ahora sí, ver los temas de fondo; lo primero que necesitamos avanzar es que se retomen los objetivos de la investigación, que es obviamente dar con el paradero de los jóvenes y saber qué pasó. Desde la salida de Omar Gómez y Alejandro Encinas, esos objetivos se perdieron, ya no se sabía cuál era el objetivo de la investigación, hacia dónde íbamos, qué estábamos buscando, simplemente había una confrontación estéril, soterrada entre él (Andrés Manuel López Obrador) y nosotros y no avanzó ya la investigación y hoy aunque se ha tomado la investigación con la presidenta; vemos que todavía no tiene rumbo, no tiene un norte claro, no tiene un objetivo muy definido y entonces yo creo que hoy tenemos que retomar los objetivos que ya se traían, ponernos en el centro y caminar”, añadió el defensor humanitario.
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“Por otro lado, el tema de las extradiciones pendientes le darían un dinamismo a la investigación, se trata de Tomás Zerón de Lucio (ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que escapó a Israel en agosto de 2019), él tuvo que ver con evidencias, tuvo que ver con tema del paradero de los jóvenes. José Ulises Bernabé también —que se encuentra en Estados Unidos, allá asilado por el gobierno de Estados Unidos—pues él era Director de Seguridad, era Jefe de Barandillas, ahí donde estuvieron 17 jóvenes, entonces él tiene mucho que aportar a la investigación. Esas extradiciones están pendientes, así como documentación y archivos militares que no han sido entregados que tienen que ver también con el posible paradero de los jóvenes, entonces pues esos temas vamos a estarlos ya poniendo en el centro el día viernes”, insistió Rosales.
—“¿Consideran que en este sexenio sí se resolverá este asunto?”, se le inquirió a Rosales.
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—“No, no, eso no. Vamos en dos reuniones, no podemos ahorita nosotros decir que ‘ahora va a ser mejor que antes’, eso nos lo dirán los trabajos y las reuniones que vayamos teniendo en próximos días”, respondió el representante legal de los familiares de los jóvenes desaparecidos.
Luego de que gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a Omar Cuenca Marino, líder del grupo criminal “Los Rojos” en Guerrero, a quien una corte de Atlanta imputó diversos cargos en 2016, incluyendo el envío de “miles de kilógramos de cocaína, metanfetamina y heroína” en autobuses y tráilers y tras la calificación de “terroristas” a los narcotraficantes por la administración Trump, Vidulfo Rosales apuntó que este “es un tema difícil, es un tema político en el debate nacional, nosotros no queremos entrar ahí; lo que sí nos queda claro es que el grupo Guerreros Unidos, delictivo, digamos, tenía operaciones aquí y tenía operaciones en Estados Unidos, tan es así que hay personas detenidas allá. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que hubiera colaboración de los gobiernos… No está por demás decir que el caso Ayotzinapa muestra como los gobiernos principalmente en los municipales, hay una fuerte colusión, y son regiones, digamos, donde todas las instituciones del Estado están al servicio del crimen organizado, esa situación yo creo que es clara: donde se asienta el crimen organizado, genera toda una red de complicidades alrededor de todas las instituciones del orden municipal, estatal y federal, creo que así actúa el crimen organizado en varias partes de nuestro país, y probablemente es lo que las autoridades de Estados Unidos cuestionan hoy en día, pero bueno, más allá de eso, en el caso Ayotzinapa lo que nos interesa es el esclarecimiento”.
En esa línea, el señor Mario González, padre del normalista rural desaparecido César Manuel González Hernández, se pronunció porque “¡haga su chamba México!, o sea, como autoridades, ¡que hagan su chamba!. Y sí están coludidos, bueno, pues entonces que hablen con la verdad, pero aquí no es necesario que venga Estados Unidos, aquí es necesario que los funcionarios hagan su trabajo y que sean declarados esos tipos como lo peor del país, ¡no hay más!”, remarcó.
Don Mario González también resaltó que el próximo viernes se sentarán con la Presidencia de la República “para poder dialogar y construir algo que sea beneficio para las líneas de investigación y pedir que sean en concreto las líneas que ya tenemos, que ya están, que nos costaron 10 años de mucho trabajo, entonces ya no es de irle dando vueltas… vamos a ver si de verdad les interesa resolver el caso” indicó al exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “porque él se estaba amparando para no poder declarar. Entonces lo que nosotros queremos ya es que se sigan las líneas de investigación y hasta cierto punto el regreso del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) porque no tenemos avances”.
En su caso, el señor Emiliano Navarrete papá de José Ángel Navarrete González el más joven de los 43 desaparecidos, con 17 años cuando se le vio por última vez, dijo que “el día de hoy seguimos exigiendo verdad y justicia, hay disponibilidad supuestamente del gobierno federal, pero básicamente nada más es en palabras, no existen hechos, no existe compromiso real, ya que personas involucradas en tener información, en lugar de ser llamadas ante las autoridades, muchas están codeándose con el actual gobierno, como si no hubiera pasado nada; ellos forman parte de una investigación de la desaparición de 43 jóvenes y es lamentable ver un gobierno que no hace el trabajo de buscar a las personas desaparecidas y nosotros en nuestro caso sabemos que el gobierno federal sabe exactamente qué es lo que pasó, entonces es difícil para nosotros como padres y como madres no saber dónde están nuestros hijos y más difícil es saber que estás luchando con un gobierno que tiene ‘toda la disponibilidad’, pero no en los hechos, es simplemente verbal. Como mexicano te sientes vulnerable porque no tenemos derechos… el gobierno, tiene suficientes elementos, suficiente gente, pero no es capaz de resolver, no es capaz de dar resultados, entonces ¿que de qué sirve que pongan un equipo de búsqueda?, un equipo de no sé qué, ¡tantas cosas!, pero no son capaces simplemente de buscar donde realmente existe la información, que es con las personas involucradas en la desaparición de nuestros hijos”, finalizó.