A casi 18 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Comité Internacional de Solidaridad (CIS) denunció la falta de avances en el caso y exigió justicia en una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
A pesar de la creación de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) en 2022, se mantiene la incertidumbre sobre el paradero real de las víctimas. Según el CIS, no se han dado pasos sustanciales en la investigación ni en la sanción a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.
Investigaciones pendientes y obstáculos
Entre los 32 actos de investigación sin ejecutar destacan:
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- Comparecencia del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz García, por su presunta responsabilidad jerárquica.
- Órdenes de aprehensión contra al menos 10 funcionarios estatales que presuntamente vieron a las víctimas en instalaciones gubernamentales.
- Detención de testigos que habrían incurrido en falsedad de declaración para encubrir a implicados.
- Cateos en inmuebles gubernamentales y privados donde podrían haber estado las víctimas.
- Además, aún no se ha logrado la captura de Evencio Nicolás Martínez y Pedro Hernández, prófugos desde hace cinco años y señalados como responsables directos del caso.
Falta de respuesta del gobierno y la FGR
El CIS criticó la falta de compromiso de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, y la negativa de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de asistir a las reuniones de la CEB. También señalaron que la SEDENA se ha negado a entregar informes de inteligencia militar, y que el Ministerio Público no ha utilizado los recursos legales para exigir esta información.
Según las familias de los desaparecidos, el incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este caso podría considerarse un acto de desacato.
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El Comité Internacional de Solidaridad exigió que la FGR cumpla con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y garantice justicia para las víctimas.