Las leyes en materia de seguridad que envió la Presidenta de la República esta misma semana a la Cámara de Diputados, se discutirán con el tiempo necesario y sin atropellar el proceso parlamentario, ofreció el líder de Morena, Ricardo Monreal.
El congresista manifestó que los instrumentos señalados, es decir, la Ley de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son indispensables para mejorar el combate a la criminalidad.
Cuestionado respecto a los aspectos centrales de los documentos, que afianzan y reglamentan las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de investigar delitos utilizando los datos biométricos de la población y contando con un padrón de telefonía celular de todos los ciudadanos, el legislador procuró ser cauto.
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Indicó que algunas de las iniciativas presidenciales han tenido modificaciones para ser perfeccionadas y no descartó que ello pueda ocurrir con las propuestas en cuestión.
“Lo cierto es que aquí, casi en todas, yo diría en la mayoría de las iniciativas hemos modificado el proyecto original, para mejorarlo, para enriquecerlo, para escuchar las voces que no están de acuerdo, siempre y cuando se mejore el contenido del proyecto. Yo estoy convencido de que estas dos iniciativas que se enviaron (…) van a ser instrumentos indispensables para combatir al crimen organizado, a la delincuencia común”, defendió de antemano.
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Espionaje del gobierno
Respecto a si la propuesta de crear un padrón de usuarios de telefonía celular y usar los datos de los ciudadanos, incluso biométricos, podría resultar violatoria de derechos, excesiva y un instrumento para criminalizar personas, no quiso adelantar una postura.
No obstante, negó que la Secretaría de Seguridad federal vaya a espiar a los ciudadanos.
“No, nosotros estimamos que debemos legislar para otorgarle instrumentos jurídicos a los órganos de persecución de delitos, a los órganos de impartición de justicia, a los órganos preventores o preventivos del delito”, dijo textualmente.
Insistió en reservar su postura sobre los efectos colaterales que podría tener darle amplias facultades de investigación y utilización de tecnología para “predecir” delitos, a la Secretaría de Seguridad.