Tras un debate de casi cuatro horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tienen la capacidad de invalidar las suspensiones de amparo.
Sin embargo, el alto tribunal dio un plazo de 24 horas para que los jueces de distrito revisen los fallos mediante los cuales otorgaron las medidas cautelares, ya que éstas no proceden en materia electoral.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, destacó que los jueces federales y el TEPJF “quebrantaron el estado de derecho”, lo que demuestra una “realidad perturbadora”.
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Indicó que si bien las suspensiones de los jueces de amparo estuvieron mal concedidas por versar sobre materia electoral, por lo cual deben revocarse, esto no autoriza a la Sala Superior para irrumpir la cadena impugnativa del amparo.
“La realidad que muestra este caso, es perturbadora, el estado de derecho no se desmorona de golpe, sino que se erosiona gradualmente decisión tras decisión, cada una aparentemente justificable en su momento. A través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a cuestiones políticas”.
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En respuesta, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que la verdadera tragedia radica en que quienes se ufanan de resguardar la supremacía constitucional, violen descaradamente sus postulados con resoluciones arbitrarias y sin fundamento jurídico.
“La dictadura no sólo puede venir del Poder Ejecutivo, sino de cualquier autoridad que emita actos abusando de su estatus para reprimir derechos y ejercer el poder de manera absoluta ignorando las leyes que deben cumplir. El proyecto puede llevar a una tiranía de los jueces de este país al hacerles creer que pueden emitir resoluciones por su convicción, por su voluntad”.
En tanto, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, se pronunció en contra de ordenarle a los juzgadores que revisen sus fallos.
“Tampoco coincidió en que ya se haya definido como materia electoral, tampoco coincido que seamos nosotros los que le digamos a los jueces cómo tienen que resolver porque caeríamos en los mismo que hizo el Tribunal Electoral y creo que debemos atraerlas, las suspensiones que se están concentrando para resolver a través del medio de impugnación que resulta procedente”, concluyó.