La Cámara de Diputados recibió otras dos iniciativas de reforma de la Presidenta de la República, en este caso en materia de seguridad.
Los documentos que llegaron a San Lázaro contienen la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los planteamientos tienen como fin establecer en la ley, las facultades de investigación e inteligencia que se otorgaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a partir de reformas al artículo 21 de la Carta Magna, indicó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez.
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En el mismo sentido se pronunció el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien ofreció una revisión responsable de lo planteado.
Ley de Investigación e Inteligencia
La iniciativa que emite la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, indica que a raíz de la reforma al artículo 21 constitucional, que da facultades a la Secretaría de Seguridad federal dirigir el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, es preciso emitir la norma respectiva.
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Los cambios constitucionales establecieron que la SSPC coordinará las acciones de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, donde, las instituciones de seguridad pública existentes deberán proporcionar la información que tengan o recaben en esa materia.
La dependencia a cargo del secretario Omar García, podrá solicitar a través del Sistema Nacional de Inteligencia, datos sobre las instituciones o dependencias del Estado, para identificar y esclarecer delitos.
Estrategia de seguridad
En la argumentación, la Jefa del Ejecutivo indicó que si bien los logros en reducción del delito y de la percepción de inseguridad en el país, en el sexenio anterior fueron “evidentes” y “significativos” es necesario mantenerlos y reforzarlos.
Para eso, se requiere un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.
Ese mecanismo, afirmó, permitirá disminuir la incidencia delictiva, en particular delitos de alto impacto, neutralizar a “generadores de violencia” y redes criminales, a partir de “productos de inteligencia” útiles para integrar las carpetas de investigación, a partir de la recolección de indicios y datos de prueba.
Regulará la obtención, análisis y uso de la información para generar inteligencia en seguridad pública y que el Estado pueda combinar de manera más eficiente la delincuencia.
Contemplará las bases y principios para la organización y funcionamiento del Sistema.
Definirá las atribuciones, procesos de control y mecanismos de coordinación con la Guardia Nacional (GN) y las demás instituciones de seguridad en el país.
Tiene como fin que la información sobre delitos sea recabada, compilada y procesada en tiempo real, para tener mayor efectividad.
Con dicho Sistema, la SSPC procesará y aprovechará información en tiempo real, sobre riesgos y amenazas a la seguridad.
Tendencias y patrones de delitos
Prevé dar a la institución capacidad de identificar “tendencias”, patrones y las probabilidades de que se de un delito.
Generará “productos de inteligencia” para elaborar estrategias y la ejecución de acciones y operaciones de la Secretaría federal en coordinación con otras instituciones de seguridad.
Usar inteligencia permitirá planear y diseñar políticas con base en evidencias, para reducir la incidencia delictiva, analizando datos previos, identificando patrones y comprendiendo las dinámicas criminales en las zonas con mayor índice delictivo, dice el texto.
Predecir delitos
El Sistema busca generar información en tiempo real o en el menor tiempo posible, para que la Secretaría interprete los datos y genere productos de inteligencia que permitan “anticipar” la actividad criminal, y aportar pruebas para las investigaciones.
Fortalecerá el modelo de “policía guiada por la inteligencia”, basado en investigación de tipos delictivos e investigación en la fase de persecución del delito para detectar “modus operandi” de la delincuencia.
También, para identificar el “perfilamiento criminal” del delito, los autores y los lugares de incidencia delictiva.
Se identificarán patrones de riesgo asociados a grupos individuos o lugares, para “predecir” dónde y cuándo pueden ocurrir delitos y así, emprender acciones policiales “anticipadas” y no “reactivas”, es decir, después de que el crimen ya ocurrió.
La finalidad, abunda, es reducir la capacidad de delinquir de los criminales, “dejarlos sin posibilidades ni recursos” para que sigan actuando.
Información para inteligencia
Ello, con el uso de “tecnología generadora de datos de prueba o pruebas” obtenidas respetando el debido proceso, y que puedan ser empleadas para judicializar carpetas ministeriales y de ser posible, obtener sentencias condenatorias.
El Sistema operará a través de la interconexión en una plataforma tecnológica que será alimentada por los órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instituciones del Estado, y “determinados” entes privados con sistemas de inteligencia, bases de datos y registros.
También se alimentará de registros, documentos y bases de datos que se consideren necesario y podrán ser de tipo financiero, inmobiliario, fiscales, públicos, comerciales, vehiculares, de catastro, de armas y municiones.
De igual modo, números telefónicos, datos biométricos y los que permitan actualizar “organigramas criminales” y mapas delictivos.
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
La otra reforma propuesta, refiere a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es necesario ajustar esa norma, ante las diversas debilidades de las corporaciones de seguridad en estados y municipios que tienen falta de personal, falta de capacitación, ausencia de estándares para homologar criterios institucionales, recalca.
Se requiere una “reingeniería institucional”, para dar al Sistema Nacional de Seguridad Pública más transparencia y eficiencia en el uso de los recursos federales.
Se busca fortalecerlo, profesionalizarlo y mejorar su desarrollo, promover la capacitación y profesionalización adecuada de los integrantes de las instituciones policiales, adecuar la estandarización y certificación institucional y mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Señala como “novedades” que la norma obligará a todas las instituciones de seguridad pública a compartir y actualizar diariamente la información con la que cuentan, a través del Sistema Nacional de Información, y también de su interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Registro de celulares
Contempla la operación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, con el fin de combatir el secuestro y la extorsión.
Regulará los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno, donde se reciben reportes de emergencia y llamadas anónimas.
Mejorará el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales, reduciendo el número de sesiones e implementando la vía “remota” para trabajar.
Reconoce a la Guardia Nacional como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública y establece que participará en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública y en los Consejos Locales, pese a que esa corporación ya está adscrita a la Defensa Nacional (SEDENA) y se conforma en su gran mayoría, por militares.
Prevé crear instancias de coordinación temporales o permanentes, cuando para resguardar la seguridad pública se requiera que participen dos o más entidades, dos o más municipios o dos o más alcaldías en la Ciudad de México.
Abre la puerta a la generación de mecanismos de coordinación de las instancias del Sistema, con el Poder Judicial de la Federación y sus homólogos a nivel estatal, para intercambiar conocimientos, experiencias y unificar criterios que guíen la actividad policial y ministerial.
Dará paso a una política nacional en materia de acreditación y certificación de instituciones de seguridad pública y de certificación individual de los policías que no se limitará a las evaluaciones de control y de confianza.
Fortalecerá la profesionalización del personal, homologando mecanismos así como el régimen disciplinario en las corporaciones.
“Flexibiliza” la organización interna del Secretariado Ejecutivo, en cuyo reglamento contemplará los centros nacionales que sean necesarios.
Fiscalización a recursos para seguridad
Ampliará la regulación de los fondos de ayuda federal en materia de seguridad.
La norma tendrá un nuevo mecanismo para vigilar el uso de recursos a través de “visitas de comprobación” revisiones de gabinete y visitas de verificación. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará dichos recursos.
Diferenciará entre investigaciones que realicen las corporaciones policiales bajo el mando del Ministerio Público, de las que se realicen con fines distintos a perseguir el delito.
Las policías locales tendrán la obligación de contar con unidades de investigación y personal certificado para cumplir esas labores, añade.