Con críticas contra la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados por el recorte de más de 4 mil millones de pesos que aprobaron; el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su presupuesto para el 2026, por un monto de 14 mil millones 968 mil pesos, el cual contempla reducciones en distintas áreas.
La consejera Dania Ravel Cuevas calificó de ilegal el recorte realizado por las autoridades hacendarias por 3 mil 119 millones de pesos, recursos que estaban destinados para una eventual consulta popular.
“El recorte que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presupuesto solicitado por el INE fue arbitrario e ilegal. La autonomía constitucional del instituto, que también debe hacerse valer en su presupuesto, es cada vez más vulnerada. Ahora no sólo tenemos recortes presupuestales reiterados en la Cámara de Diputaciones, sino que nuestras solicitudes de presupuesto llegan recortadas al único órgano que tiene atribuciones para realizar estos ajustes”.
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En su oportunidad, el consejero Martín Faz Mora reprochó que estos recortes se sigan aplicando sin acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El instituto continúa operando bajo condiciones presupuestales que no han sido justificadas conforme a los estándares constitucionales establecidos por la Suprema Corte. Y reitero la exigencia de que las autoridades hacendarias y legislativas respeten la autonomía presupuestal del INE, indispensable para garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía”.
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Sin embargo, para el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, la “vieja Corte” nunca asumió una defensa del INE y destacó que en el “estrangulamiento económico” del instituto han participado los tres Poderes de la Unión.
“No caricaturicemos el escenario de confrontación política en el que hemos vivido. En ese escenario de confrontación política, la vieja Corte de Justicia de la Nación claudicó en su deber de garantizar el pleno ejercicio de la ley y ordenar lo que se pedía a través de la controversia correspondiente, y evadieron el conflicto ilegítimamente, ordenando esta motivación reforzada, que para efectos prácticos significa absolutamente nada”.
Las áreas más afectadas por los recortes son: la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con 187 millones de pesos, la Unidad Técnica de Servicios de Informática y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral con 170 millones cada una y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con 128 millones de pesos.
A pesar de las reducciones de estas áreas, las consejerías aseguraron que cumplirán plenamente con sus funciones constitucionales.