La senadora por el PRI, Claudia Edith Anaya, presentó una iniciativa para regular de manera clara la objeción de conciencia del personal sanitario y evitar que su ejercicio derive en la negación de servicios de salud a la población.
En su propuesta, la legisladora priista planteó fijar límites expresos para impedir la procedencia de la objeción de conciencia en casos de urgencia médica, riesgo para la vida, la integridad o la salud del paciente, así como en supuestos de ejecución colectivo o institucional.
Además, la propuesta establece la obligación de garantizar la disponibilidad de personal médico y de enfermería no objetor, así como la remisión inmediata del paciente para recibir atención oportuna.
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Claudia Edith Anaya propuso también la creación de mecanismos administrativos y de un registro confidencial de objetores, sin afectación a los derechos laborales del personal sanitario.
Recordó que la objeción de conciencia constituye un derecho reconocido a nivel constitucional e internacional, pero subrayó que su ejercicio no puede vulnerar el derecho humano a la protección de la salud, en especial en situaciones de emergencia.
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La senadora por el PRI indicó que su propuesta busca un equilibrio entre la libertad de conciencia del personal de salud y el derecho de las personas a recibir atención médica, con énfasis en la protección de mujeres, personas gestantes y grupos en situación de vulnerabilidad.
Y es que, señaló, “la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la salud”.