La llamada “Ley Silla” es una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) aprobada en 2024, la cual obliga a los empleadores a proporcionar sillas o asientos adecuados para que los trabajadores puedan sentarse durante su jornada cuando sus actividades lo permitan, evitando que permanezcan de pie de manera innecesaria a lo largo de su día laboral.
La normativa está vigente desde el 17 de junio de 2025; sin embargo, este 14 de diciembre representa una fecha clave para que se ejecute en su totalidad, con el objetivo de que los empleados en todo el país vean una mejora significativa en su calidad de vida mientras desempeñan sus funciones.
¿Por qué el 14 de diciembre es una fecha clave para la implementación de la Ley Silla?
En ese día se cumple el plazo extendido estipulado en el Diario Oficial de la Federación para que los empleadores adapten sus reglamentos conforme a la Ley Silla, de modo que los trabajadores puedan disponer de pausas durante sus actividades y gocen de un descanso digno.
La reforma a la LFT tiene como finalidad evitar los riesgos que implica para los empleados permanecer de pie durante mucho tiempo, lo cual puede generar diversos problemas de salud física, como dolor de espalda y en las piernas; si esta situación se prolonga, podría ocasionar daños aún más severos.
Cuando la ley entró en vigor, la Secretaría del Trabajo publicó reglas y lineamientos oficiales para que las empresas sepan cómo cumplir con la Ley Silla. Una de esas herramientas es un cuestionario que las compañías deben utilizar para identificar qué tan riesgoso es que sus empleados trabajen muchas horas de pie.
Con estos resultados, los patrones deben realizar los cambios necesarios, como permitir descansos, organizar espacios para sentarse y modificar sus reglas internas para cumplir la normativa, buscando que los trabajadores tengan acceso a sillas con respaldo.
¿Qué hacer en caso de que no se cumplan estas condiciones?
Si el centro de trabajo no proporciona sillas con respaldo ni descansos periódicos como lo exige la Ley Silla, es posible: Presentar una denuncia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de forma individual o colectiva, según el caso.
Otra opción es acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría y representación gratuita a trabajadores cuyos derechos laborales están siendo vulnerados.
Las autoridades se encargarán de corroborar si la empresa cumple con los lineamientos de la Ley Silla mediante una inspección laboral, que, en caso de incumplimiento, podría derivar en multas o, en situaciones más severas, en la suspensión temporal de actividades.