La reforma en materia de extorsión propuesta por la Presidenta de la República, que tuvo correcciones en el Senado de la República y finalmente se aprobó este martes 25 de noviembre y en definitiva en la Cámara de Diputados, contempla penas severas para quienes cometan el delito, destacó el vicepresidente de la Mesa Directiva del recinto, Sergio Gutiérrez.
A través de redes sociales, el parlamentario hizo énfasis en que la pena base para la extorsión será de 25 años de prisión y conforme a las distintas agravantes podría llegar a los 42 años.
Gutiérrez Luna enfatizó que en el caso de extorsión contra ganaderos, campesinos, pescadores y quienes lleven a cabo actividades agrícolas y comerciales, podría penalizarse con 33 años de cárcel como máximo.
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“APROBADA. Prisión de hasta 25, 33, 37 y 42 años en contra de extorsionadores que se dediquen a actividades ganaderas, agrícolas, pesqueras, comerciales, de servicios; de extorsionadores de migrantes, menores de 18 años, mujeres embarazadas; de quienes extorsionen usando violencia física, armas o se ostenten como integrantes de la delincuencia. Una ley robusta para combatir con firmeza al delito de extorsión”, anotó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @Sergeluna_S.
En un video añadido a su publicación reiteró las penalidades que quedaron establecidas en la norma que al ser aprobada desde el día anterior en el Pleno del recinto, será enviada al Ejecutivo Federal para su publicación oficial.
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“Endurecimos las penas de 15 hasta 25 años a la extorsión genérica. Hasta 33 años de prisión a quienes cometan extorsión en contra de ganaderos, campesinos, pescadores, que se dediquen a actividades agrícolas o comerciales”, celebró.
En el debate desarrollado en San Lázaro hace algunas semanas, los morenistas defendieron la reducción de penas de cárcel para servidores públicos que no denuncien casos de extorsión cuando tengan conocimiento de los hechos, propuesta por el coordinador de esa fracción, Ricardo Monreal.
También se pronunciaron a favor de la imposición de una pena básica de seis y hasta 15 años, que se incrementaría conforme a las más de 30 nuevas agravantes contempladas en la reforma original.
Pero a partir de los cambios establecidos en el Senado, terminaron aplaudiendo que las sanciones privativas de libertad para extorsionadores llegarán en su grado máximo, hasta los 42 años.