La Constitución debe garantizar claramente y por escrito, el derecho a la reunión y protesta pacífica de los ciudadanos, así como la obligación del Estado de cumplir con esta disposición y los límites en la actuación de los gobiernos, planteó la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
El coordinador José Elías Lixa anticipó que será el próximo martes cuando su fracción presentará la propuesta formal al respecto y por instrucción de su dirigente nacional, Jorge Romero.
“Vamos por modificar la Constitución en el artículo 9 constitucional para que expresamente esté garantizado el derecho de reunión y protesta pacífica, establecer los límites de actuación del propio gobierno, que quede claro que el derecho a protestar es un derecho humano de los ciudadanos y quien tiene que estar limitado es el Estado en su actuación”, anunció.
Te podría interesar
No al espionaje ni la vigilancia digital
Agregó que su iniciativa prevé límites a la utilización de medios digitales al alcance de la autoridad para criminalizar, vigilar y perseguir a ciudadanos.
“Tenemos que poner de manera clara candados contra la persecución mediática y la vigilancia digital, porque es increíble que el gobierno haya hecho uso de todas las herramientas que tiene para perseguir a jóvenes que usaron su libertad de protestar. También vamos a establecer que cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento tenga que investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron”, planteó.
Te podría interesar
Remarcó que ante la represión del Estado a las manifestaciones que hasta el momento ha convocado la Generación Z, es necesario que la Carta Magna y las leyes asociadas contemplen normas específicas y expresamente establecidas para evitar la criminalización y los abusos del poder contra quienes salen a las calles a exponer sus inconformidades y demandas.
El Estado debe hacerse cargo, enfatizó, de casos como los registrados en la Plaza de la Constitución el pasado sábado 15 de noviembre, cuando elementos policiales en especial en la Ciudad de México actuaron de manera excesiva, agresiva y brutal.
Acompañado por un par de decenas de integrantes de su fracción, el legislador calificó como inaceptable que manifestantes estén siendo acusados y procesados penalmente de manera desproporcionada por delitos como la tentativa de homicidio, mientras que los verdaderos agresores no están experimentando el peso de la ley.
Las propuestas por formalizar la siguiente semana, agregó el coordinador del albiazul, plantean la implementación de un protocolo que sancione el uso excesivo de la fuerza policial.
También, que se respete el principio de que marchas pacíficas no pueden “presumirse violentas” y si alguien incurre en actos de violencia o vandalismo, que sea a esas personas en específico a quien se investigue.
Reclamó la censura, estigmatización, persecución y criminalización por parte de los gobiernos federal y capitalino, contra asistentes y personas que convocaron a las movilizaciones de la Generación Z.
Subrayó que su partido promueve la defensa de las libertades, a través de la Carta Magna y leyes complementarias.