La actuación de las autoridades federales y en la Ciudad de México durante la manifestación de la Generación Z, realizada el pasado fin de semana, fue denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos de la capital.
Lo anterior, para que el organismo autónomo investigue los abusos policiales cometidos contra asistentes a la movilización y a quienes los ordenaron, informó el vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Federico Döring.
El legislador federal y denunciante señaló que el recurso tiene como fin deslindar responsabilidades ante acciones y omisiones atribuibles a autoridades que van desde la Presidenta de la República, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y funcionarios de su administración, como los encargados de la seguridad y la procuración de justicia a nivel local.
Te podría interesar
“Claudia Sheinbaum ya se quitó la máscara, decidió sacar el Díaz Ordaz que lleva dentro y reprimir a los mexicanos, por eso hoy acudí a la Comisión local de Derechos Humanos a presentar esta queja contra el secretario de Gobierno, César Cravioto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, para que esta Comisión investigue los abusos de los granaderos de Claudia Sheinbaum”, expresó.
Al dar cuenta de la queja interpuesta, el legislador federal exigió que las autoridades en los tres órdenes de gobierno tomen medidas para evitar de ahora en adelante, excesos y abusos contra civiles, como los que perpetraron las autoridades de seguridad y justicia en la ciudad capital.
Te podría interesar
“Se castiguen, se emitan los protocolos que garanticen que esta barbarie, esta represión, que esta violencia del Gobierno Federal y del gobierno local jamás vuelva a suceder”, demandó Döring Casar.
Queja por violaciones a derechos humanos
La denuncia, puntualizó, refiere a violación a derechos humanos de los asistentes a la manifestación, así como por agresiones, uso excesivo de la fuerza y fallas en el operativo de seguridad desplegado por la autoridad federal y capitalina.
También se denuncia el impedimento del libre tránsito y la violación a los derechos de libre expresión y libre manifestación consagrados en la Constitución.
Asimismo, abundó, a las autoridades gubernamentales y de seguridad se les acusa por incumplir la obligación de garantizar la integridad de las personas asistentes como manifestantes y periodistas.
La revisión del caso, pidió a la CDHCM, debe dar lugar a una recomendación, un informe especial donde relate con precisión lo ocurrido y la solicitud de revisar el Protocolo de Actuación Policial a nivel capitalino, para evitar abusos de autoridad y del poder del Estado como los registrados el pasado sábado, detectar las filtraciones de violentadores y provocadores en la manifestación.
Operativo de seguridad amañado
Pidió a la Comisión defensora no pasar por alto que el operativo de seguridad implementado, tuvo como fin obstruir el libre paso y la libre salida de la Plaza de la Constitución, poniendo barreras y filtros que generaron un mayor riesgo ante posibles estampidas y olas de pánico.
Subrayó que el modo en que fueron cercados los accesos y salidas del Zócalo capitalino, con cierres injustificados, fueron factor para provocar confusión en los asistentes, pánico y la dispersión forzada de quienes acudieron y lograron entrar al lugar.
En específico, señaló la responsabilidad del secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho y del secretario de Gobierno local, César Cravioto.
Esos funcionarios incumplieron su obligación de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los asistentes a la protesta, aunado a que consintieron y justificaron una actuación desproporcionada en cuanto al uso de la fuerza, por parte de la policía local.
Remarcó que al ofrecer un balance oficial sobre lo ocurrido el fin de semana en el Centro Histórico, la autoridad capitalina admitió 18 incidentes que pudieron constituir violaciones al protocolo señalado, así como los abusos policiales, aunque sólo señaló a seis elementos de la Secretaría de Seguridad local.
La autoridad admitió agresiones a la prensa y a manifestantes, mientras que instancias no gubernamentales como Artículo 19, documentaron 13 ataques contra periodistas que asistieron al Zócalo a documentar los hechos.
“Las imágenes son contundentes: golpes a manifestantes sometidos, uso de agentes químicos, botellas, objetos encendidos y cohetones, así como agresiones a periodistas que solo hacían su trabajo. Nada de esto es compatible con un Estado que dice respetar derechos humanos”, criticó el parlamentario.
La suma de sucesos demostró la falta de una estrategia para garantizar el derecho de libre manifestación y expresión, agregó.
También habló de las omisiones a nivel federal y local ante la presencia de grupos de personas violentas o provocadoras, que hicieron acto de presencia para generar caos, violentar la marcha y dar pie al uso de la fuerza que en algunos casos fue excesiva.
Recomendación por la violencia en la marcha Gen Z
En consecuencia, el legislador panista demandó que la CDHCM emita recomendaciones dirigidas a las autoridades referidas.
Pidió que elabore un informe especial sobre lo ocurrido el sábado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.
Conmine a la autoridad a modificar el Protocolo de Actuación Policial en la Ciudad de México y se cerciore de que habrá medidas adecuadas de capacitación de los elementos del orden asignados a operativos de seguridad para marchas y protestas.
Asimismo, solicitó a la Comisión defensora que llame a la autoridad federal y local a evitar acciones de estigmatización de las protestas pacíficas, como han estado haciendo autoridades federales como la Presidenta de la República y los servidores públicos en la capital.
Döring Casar añadió a sus peticiones, que el gobierno de la Ciudad de México garantice atención médica a todas las personas que hayan resultado heridas, incluyendo a elementos de seguridad.