La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunirá para aprobar la reforma al artículo 35 de la Carta Magna, en materia de consulta popular y revocación de mandato.
El proyecto prevé adelantar a 2027 la fecha del ejercicio de revocación de mandato, para empatarlo con el resto de las elecciones intermedias que tendrán lugar ese año, incluyendo la renovación de la Cámara de Diputados.
Revocación de mandato y elecciones intermedias
Los cambios en cuestión contemplan adelantar la fecha de las consultas populares, del primer domingo de agosto al primer domingo de junio
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En el caso de la revocación de mandato, también modifica las condiciones. La ley vigente establece que se podrán solicitar en una sola ocasión “y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.
La propuesta señala que la revocación se podrá solicitar una sola vez en el sexenio “durante el periodo de los seis meses previos a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.
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Agrega que ese ejercicio se llevará a cabo “el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión”.
Ahorro en elecciones
La iniciativa del diputado Ramírez Cuéllar, presentada el pasado 18 de septiembre, señala que al realizar en las mismas fechas el ejercicio de revocación de mandato que hasta el momento está previsto en 2028, que las elecciones intermedias del 2027, promoverá una mayor participación ciudadana.
Argumentó que en la consulta popular realizada en agosto del 2021, se instalaron 57 mil 77 mesas de recepción de opiniones en todo el país y sólo participaron el 7.1 por de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.
En la revocación de mandato convocada en 2022, el número de casillas subió en poco más de 400 y la participación subió a 17.7 por ciento de los electores.
Expresó que en las elecciones federales del 2024, se instalaron 170 mil 858 casillas y a los comicios acudió el 61 por ciento de los electores.
De modo que si la consulta popular y la revocación se llevan a cabo cuando la autoridad instala el total previsto de las casillas de votación, un mayor número de ciudadanos podrían participar.
Agregó que se aprovecharán los recursos humanos y materiales desplegados por el Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, juntar los procesos señalados, “permitirá una reducción significativa en sus costos de organización”, dijo.
La consulta popular del 1 de agosto de 2021 costó 528 millones de pesos; y la revocación del 10 de abril de 2022 implicó un gasto de mil 567 millones de pesos.
“Es razonable prever que, por economías de escala y de procesos, la celebración concurrente de las consultas populares o de la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal con la jornada electoral ordinaria contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a dichos mecanismos democráticos”, dice el texto.