Juezas y jueces cesados por la reforma judicial volvieron a salir a las calles para exigir el pago de la indemnización que establece el artículo décimo transitorio del decreto, el cual contempla el pago equivalente a tres meses de salario y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado.
Los impartidores de justicia acudieron este miércoles a las sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que se ubica en avenida Revolución, para solicitar una reunión con el titular del organismo, Néstor Vargas Solano.
Faustino Gutiérrez Pérez, quien dejó el cargo de juez hace 10 meses, afirmó que la falta de respuesta ya causó molestia entre los cerca de 800 impartidores de justicia que no han recibido la indemnización.
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“Ya estamos un poco molestos porque venimos y venimos y es el mismo discurso: ‘estamos en pláticas, estamos en pláticas’. No, no queremos pláticas, queremos ya algo concreto. Ya la presidenta se ha pronunciado en varias ocasiones, se han pronunciado algunos actores políticos. Que cumplan entonces nada más, eso es lo único que queremos”.
Por su parte, Marlene Angeles Tovar, jueza de amparo cesada, destacó la urgencia de que se les haga el pago, ya que por ley están impedidos para ejercer durante los próximos dos años, lo que limita sus ingresos económicos.
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“Los juzgadores, todo el tiempo que desempeñamos el servicio teníamos la prohibición constitucional de desempeñar otro empleo o dar asesorías. Nosotros no podemos dar asesorías como la dan algunos legisladores, algunos secretarios de estado. Ellos sí pueden tener 5 o 30 millones de pesos en asesorías un año, nosotros no. Nosotros ni siquiera por dar clases teníamos esa prohibición. Somos de los únicos servidores públicos que tenemos esa prohibición constitucional. Entonces, es justo que por lo menos nos paguen lo que está previsto en la Constitución que ni siquiera alcanza al nivel de una indemnización”.
Los juzgadores dejaron claro que, si los recursos de los fideicomisos se encuentran concentrados en la Tesorería de la Federación y a disposición del secretario de Hacienda, es cuestión de voluntad política cumplir con lo ordenado por la Constitución.