Tras la aprobación en el Senado a la reforma a la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) dentro de los que incluye el impuesto a bebidas azucaradas y a tabaco, Salud Justa, Fundar, El Poder del Consumidor, Alianza por la Salud Alimentaria y la Red de Acción sobre Alcohol, Saludhable y el Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco “reconocieron” el aumento de impuestos saludables pero insistieron en su demanda de que se incluya a las bebidas alcohólicas y rechazaron la interacción del gobierno con las industrias.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, reiteró que “los impuestos saludables son una de las medidas progresivas más costo-efectivas para reducir los daños causados por el consumo de bebidas saborizadas, productos ultraprocesados, alcohol y tabaco”; no obstante, prevalece el riesgo de que “estas medidas sean cooptadas por la industria de productos nocivos para la salud, dado esta cooperación que ha beneficiado a unos cuantos y puesto en riesgo la salud de millones de personas en México”.
Al mismo tiempo, subrayó que, a pesar del significativo avance de esta medida, “persisten pendientes: alinearse a las recomendaciones internacionales del 20% de impuestos especiales a las bebidas azucaradas; la garantía presupuestaria destinada a la salud pública del país y la imposición de impuestos a otros productos, como el alcohol, que estuvieron ausentes en la propuesta aprobada”. Por lo que hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Poder Legislativo para que se incluyan.
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Por su parte, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx recalcó que “preocupa” la interacción con las industrias y el no aumento a los impuestos a bebidas alcohólicas, además de la legalización fiscal de los productos de nicotina sin un marco regulatorio fuerte; “haremos evaluaciones independientes sobre los progresos de la política fiscal aprobada, sin dejar de señalar sus oportunidades de mejora”, advirtió.
Paulina Magaña, integrante de la Alianza Por la Salud Alimentaria (ASA) subrayó que “el alto consumo de bebidas azucaradas provoca más de 230 mil nuevos casos cada año de diabetes y enfermedades cardiovasculares, además de alrededor de 46 mil muertes atribuibles directamente a su consumo”, por lo que reiteró el llamado a las y los legisladores, así como a los funcionarios del Poder Ejecutivo, a gravar este tipo de productos de acuerdo con las recomendaciones del 20% establecida por organismos internacionales de salud.
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En esa línea, Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, señaló que “la obesidad y!el sobrepeso representan pérdidas para la economía nacional de 600 mil millones de pesos, lo que equivale a dos terceras partes de los programas sociales prioritarios. Nuestro sistema fiscal aún tiene margen para incrementar los impuestos al alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y comida chatarra conforme a los estándares Internacionales”.
Finalmente, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) recalcó que se alzó la voz “ante la falta de voluntad política para aprobar el impuesto al alcohol, una medida que la evidencia científica respalda como una de las más efectivas para reducir el consumo nocivo y prevenir enfermedades, accidentes y muertes; México perdió una oportunidad histórica al no incluir esta medida en el paquete fiscal”, lamentó.