La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó este lunes la primera jornada de la audiencia pública sobre el derecho de consulta de las personas con discapacidad.
Durante el encuentro, representantes de asociaciones civiles, académicas y personas con discapacidad externaron su rechazo a la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama de modificar el criterio que estableció la pasada integración del alto tribunal para invalidar leyes por falta de consulta previa.
Saori Pérez Milo, persona con autismo, dijo que el planteamiento de Batres Guadarrama implica una nueva exclusión.
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“No estamos de acuerdo con la propuesta de la ministra Batres porque elimina la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes que nos afectan. Eso nos vuelve a excluir de las decisiones sobre nuestro propia vida y contradice el artículo cuarto, párrafo tres, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La consulta es un derecho, no una opción”.
Para Esther Díaz Cruz, integrante de la Asociación de Mujeres Unidas por la Inclusión, el cambio de criterio podría tener un impacto en su derecho a la salud y movilidad.
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“Este nuevo criterio me afecta directamente y esto por qué; en primer lugar, me excluye de los procesos legislativos que pueden impactar en mis derechos de salud, movilidad, accesibilidad y autonomía. En segundo lugar, trasladan la carga de la prueba a las personas con discapacidad, obligándonos a demostrar un daño después de que la norma ya fue aprobada”.
Patricia Brogna, coordinadora de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM, la propuesta de Lenia Batres abre un nuevo debate.
“La propuesta de la ministra Batres en realidad habilita un debate mucho más profundo de cómo garantizar el derecho a consulta, no tanto un procedimiento porque si no se invierte la carga de la prueba y van a ser las personas con discapacidad y las organizaciones las que van a tener que hacer el trabajo de revisar las leyes y de ir a golpear la puerta para decir que hay que reformularlas y que violan ciertos derechos y muy particularmente el derecho a consulta”.
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, dejó en claro que el derecho a la consulta no está a debate.
“No está en duda el derecho de consulta ni el correlativo deber del estado de consultar. Eso está consolidado, no está a debate. Nosotros compartimos que es un derecho irrenunciable y es un deber del estado consultar. El tema es cuando tenemos una norma que es, evidentemente, en beneficio de las personas con discapacidad o está a la altura del estándar internacional, si se debe de invalidar por falta de consultas”.
Ante los señalamientos que hizo Lenia Batres, el ministro Giovanni Figueroa aclaró que el cambio de criterio aún no ha sido aprobado por el pleno de la Corte.