La reforma a la Ley de Amparo, recientemente aprobada en comisiones del Senado, ha desatado una fuerte controversia entre legisladores. En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, y el senador de Morena, Waldo Fernández, compartieron posturas opuestas sobre el impacto de esta modificación legal.
Reforma a la Ley de Amparo: ¿avance o retroceso?
Para Carolina Viggiano, esta reforma no representa un avance, sino un peligro para el acceso a la justicia y los derechos humanos. En su opinión, el dictamen aprobado impone trabas al uso del amparo como herramienta legal.
“Es increíble la manera en que justifican algo que es un retroceso claro. No hay modernización”, sentenció la legisladora priista.
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Viggiano criticó especialmente la modificación de los plazos judiciales, señalando que el cambio no resolverá la carga de trabajo de los jueces. “Se está acortando el plazo. Había dos meses para dar resolución, ahora son tres meses más. Saben que no les da tiempo, son miles de amparos”, advirtió.
También denunció nuevas restricciones que impedirán ampliar demandas o ejecutar sentencias oportunamente, lo cual —dijo— vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos más vulnerables. “Hoy ponen más requisitos, no puedes ampliar la demanda. Claramente es una violación a los derechos humanos”, expresó.
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Viggiano alertó sobre las consecuencias prácticas para pequeños empresarios y ciudadanos comunes:
“Hoy un comerciante, si le cierran un negocio, tendrá que cerrar en lo que se litiga. Va a seguir pagando renta, empleados… y eso también ocurre con el acceso a la salud”.
Waldo Fernández: “No se trata de acotar un derecho”
Desde Morena, el senador Waldo Fernández defendió la reforma como un paso hacia la modernización del sistema de justicia. Señaló que el abuso en la presentación de amparos ha distorsionado su propósito original.
“Se promovían amparos y amparos. El problema es que se distorsionó el proceso del amparo”, explicó.
También desmintió que esta reforma tenga un trasfondo recaudatorio: “Yo no veo de dónde es una reforma recaudatoria. Hasta donde yo sé, el Poder Judicial no recauda, es el fisco”, aclaró.
Finalmente, subrayó que el objetivo es mejorar la equidad del sistema judicial.
“No se trata de acotar un derecho. La Constitución garantiza que la justicia sea gratuita y expedita. Lo que buscamos es un trato justo y equitativo”, concluyó.
La discusión apenas comienza
Aunque ya fue avalada en el Senado la reforma a la Ley de Amparo deberá enfrentar un debate más amplio en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, organizaciones civiles, juristas y legisladores continúan analizando si este cambio representa un avance necesario o un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos en México.