La Coparmex rechazó la aprobación a la reforma a la Ley de Amparo, al advertir que representará un retroceso en materia jurídica en México.
Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, lanzó un llamado a la conciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores por el proceso de cambios que hay en el país y que aseveró afectarán la confianza de los inversionistas.
Sierra Alvarez, dijo en compañía de los 72 centros empresariales de todo el país, que con esta modificación, México debilita el marco jurídico de nuestra nación.
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“Modificar ese equilibrio sin tomar en cuenta la opinión de juristas, expertos y sin haber realizado un análisis técnico profundo, como tampoco una deliberación amplia conlleva un riesgo institucional de gran magnitud.
La versión aprobada en la Cámara de Diputados vuelve a poner el foco en la cláusula retroactiva que habíamos ya señalado como una amenaza directa a los juicios en curso. Mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limitan el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de las personas y las empresas”.
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Juan José Sierra indicó que el avance de este ordenamiento, provocará que una empresa enfrente embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuentas antes de que un juez resuelva si la autoridad actuó conforme al derecho. En la práctica se eliminan la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados, afectando la liquidez y la continuidad operativa de miles de negocios.
El organismo patronal reclamó la desaparición de factores como el interés legítimo y la colectividad, con lo que dijo, se afecta a la sociedad y solo garantiza a quienes promuevan un amparo, pero fue más allá, dijo que con las reformas impulsadas, se limitan los derechos y libertades de la sociedad.
“Esta reforma no puede verse de manera aislada, forma parte de una serie de cambios judiciales y electorales que en su conjunto concentran poder, reducen la independencia judicial y ponen en riesgo la división de poderes.
El estado de derechos no puede sostenerse si el ciudadano pierde la posibilidad de defender sus derechos y libertades frente al poder público, el impacto no sólo es jurídico, es también económico. Cuando la Ley deja de Proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona”.
Concluyó señalando que el sector empresarial no busca privilegios, sino exige igualdad ante la ley, certidumbre en las reglas y equilibrio en los poderes públicos.