La Coparmex advirtió que la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado de la República pone en riesgo la justicia y la inversión en México y representa un grave retroceso.
Sin embargo, reconoció los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias.
Lamentó que persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales y ponen en riesgo la certeza jurídica, como la incorporación de un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite.
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La Coparmex que encabeza Juan José Sierra indicó que este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos.
Destacó que la reforma a la Ley de Amparo sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública.
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Abundó en que en materia de suspensión del acto reclamado, observamos rigidez que debilita la eficacia del
amparo como salvaguarda inmediata. En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio.
Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias.
La Coparmex dijo que otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana.