La Cámara de Diputados aprobó en el Pleno, el dictamen sobre la minuta del Senado con reformas a la Ley de Amparo, del cual se eliminó el artículo transitorio con el que los colegisladores establecieron la retroactividad de la norma.
La votación general fue de 345 a favor de los integrantes del bloque mayoritario, 131 en contra de la oposición.
Se registraron tres abstenciones de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Se trata de las diputadas Olga Sánchez Cordero, Greycy Marian Durán Alarcón y el diputado Javier Vázquez Calixto.
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Por el Partido Verde (PVEM), las diputadas Martha Aracely Cruz Jiménez y Ana Erika Santana González, votaron en contra junto con las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento Ciudadano (MC).
Para la discusión particular, se perfiló la presentación de más de 300 reservas con propuestas de cambio de las cuales, se estimó que sólo se aprobarían tres, promovidas por legisladores de Morena y PT.
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En cuanto finalice la discusión, que se prevé se alargará hacia la medianoche de este martes, el proyecto aprobado será enviado al Senado de la República, para que revise las modificaciones hechas en San Lázaro, incluyendo la eliminación del artículo en que los propios senadores introdujeron la retroactividad.
Modificaciones al proyecto
Los únicos ajustes avalados los presentaron Morena y aliados. Argumentaron que con ello, se atiende a las observaciones planteadas en las audiencias públicas que se realizaron en fin de semana e incluso la mañana de este lunes 13 de octubre.
Promovieron un cambio para establecer que cuando empresarios tengan en regla permisos, concesiones o autorizaciones para sus negocios, se otorgará la suspensión en procesos de amparo.
La suspensión no se concederá cuando las personas no tengan esa autorización, a fin de evitar que haya quienes operen fuera de la ley, expuso el petista Ricardo Mejía, a nombre propio y del coordinador morenista, Ricardo Monreal.
Luego, el diputado Julio César Moreno, que primero defendió junto con sus compañeros de coalición la petición presidencial de restringir el otorgamiento de la suspensión en juicios de amparo cuando se aplique el criterio de posible afectación al “interés público”, así como el requisito para el quejoso de comprobar que los actos de autoridad reclamados le provocarían un “daño de difícil reparación”, en la Tribuna los calificó como excesivos e inconstitucionales.
Lo que planteó la jefa del Ejecutivo en materia de “interés público” como requisito para que se otorgue la suspensión de un acto reclamado, argumentó, impone al ciudadano cargas desproporcionadas. El concepto se cambia por las palabras “disposiciones de orden público”, anotó.
Aseguró que la modificación se retomó de las ponencias en las audiencias públicas del fin de semana.
“Eliminar el concepto confuso de interés público que resulta ajeno al espíritu y a la historia de la Ley de Amparo. Este término podría abrir la puerta a interpretaciones amplias o discrecionales que le permitan al juzgador negar una suspensión bajo cualquier argumento, alegando que la petición del quejoso atenta contra el interés púbico. Ello, desnaturaliza la esencia del juicio de garantías cuyo propósito es hacer cesar los actos de autoridad que lesionan los derechos del gobernado”, agregó.
La última reserva que podría avanzar, sería la restitución de la retroactividad de la norma, que en el dictamen de las comisiones se había eliminado.
Reforma para evitar bloqueo a decisiones de gobierno
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno afirmó que los cambios obedecen a que el amparo se utilizó para evadir la ley y bloquear decisiones de gobierno.
Aseguró que no se limitarán derechos pero sí el uso del juicio señalado de manera abusiva.
“Con el paso del tiempo algunos sectores lo distorsionaron para convertirlo en una herramienta de evasión o de privilegio. Durante años vimos cómo se usaba el amparo para dilatar la justicia, frenar políticas públicas, evadir responsabilidades fiscales o proteger intereses contrarios al bien común. Esta reforma busca devolver al amparo su sentido original, proteger los derechos, no blindar los abusos”, argumentó.
Moreno Rivera insistió en que las modificaciones propuestas por la Presidenta de la República tienen como fin evitar los intentos de evadir el pago de impuestos de personas con créditos fiscales.
“La reforma también armoniza la materia fiscal y administrativa al impedir el uso del amparo y de recursos administrativos como mecanismos de evasión o de demora del pago de créditos fiscales firmes, se protege la hacienda pública pero se mantiene el derecho de los contribuyentes a una defensa efectiva”, dijo.
El morenista añadió que la reforma fortalece el acceso a la justicia, da certeza y orden al amparo y lo pone a servicio de los intereses públicos, de la ciudadanía y no de intereses particulares.
Sobre ese aspecto, la oposición acusó que la reforma tiene dedicatoria especial para empresarios como Ricardo Salinas Pliego.
Se precisa la figura del interés legítimo para impedir “litigios abstractos” y demandas sin sustento.
Será requisito que el “interés legítimo” se sustente en una afectación real sea individual o colectiva, “actual y diferenciada”, y cuya reparación genere un “beneficio cierto”.
Rechazó que esa medida limite la defensa de derechos colectivos, sino que se aclara el marco legal aplicable.
En el caso de la suspensión de los actos reclamados, se impedirá el “uso abusivo”, por lo que no se concederán en caso de evasión fiscal, lavado de dinero, actividades ilícitas o para frenar actos “de interés público” que beneficien a la sociedad.
También destacó que se implementan medidas para modernizar por la vía digital el amparo, mismas que serán opcionales, con el fin de no perjudicar a quienes no tienen acceso a internet.
Oposición rechaza reforma de amparo
Con pancartas de advertencia sobre los riesgos de la reforma al amparo que calificaron como inconstitucional, regresiva y violatoria de derechos humanos, y con mociones suspensivas que fueron rechazadas, la oposición se manifestó contra el proyecto.
“Salvemos el amparo de la dictadura”, “Salvemos el amparo” y “En el PAN decimos NO a la #LeyDesamparo” y “Ley de Desamparo”, decían las pancartas y cartelones mostrados por panistas, priístas y emecistas.
Audiencias de “simulación”
Refrendaron que fue una “simulación” la convocatoria a la discusión abierta con ciudadanos, de la propuesta presidencial, porque las observaciones hechas en tres audiencias públicas no se tomaron en cuenta en la dictaminación.
Antes de esos ejercicios, ya se había distribuido el proyecto de dictamen que se aprobó este lunes en comisiones, enfatizaron.
“Es una farsa, son unos farsantes, son unos mentirosos, le están jugando el atole con el dedo a los ciudadanos, porque no incluye nada de lo que ellos dijeron en las audiencias públicas, las propuestas ciudadanas no están”, recriminó el priísta Alejandro Domínguez.
Reiteraron que los cambios a discusión, son una “venganza” del Gobierno Federal contra los ciudadanos y organizaciones sociales que desde el sexenio anterior, buscaron el amparo de la ley contra abusos de autoridad, negativa a entregar tratamientos y medicamentos para el cáncer y la destrucción de ecosistemas y comunidades.
“Morena y el obradorato no les perdonan haber detenido su abuso de poder y defender así a las comunidades, como lo hicieron con el amparo que paró el ecocida Tren Maya, así como también pararon la militarización de la Constitución con Peña y Obrador, pararon el AIFA por ser irregular y consiguieron la protección para niños con cáncer. Ya lo decía Molotov ¡si le das más poder al poder, más duro te van a venir a ...!”, dijo sin terminar la polémica frase del citado grupo de rock mexicano.
El coordinador del tricolor, Rubén Moreira sentenció que las modificaciones están “demoliendo” la democracia, son inconstitucionales, restringen las suspensiones en juicios de amparo y atentan contra la presunción de inocencia.