La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casilla en la elección judicial, podrían incurrir en responsabilidades penales y administrativas por no acatar las suspensiones y amparos que se otorgaron contra la reforma judicial.
Asimismo, destacó que la falta de presupuesto compromete la calidad del proceso electoral y abre la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección.
Agregó que la complejidad del modelo de votación que contempla seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo, confundirá al electorado y promoverá un voto superficial y mal informado.
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La JUFED recordó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reconocieron que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos, con menos del 10 por ciento del padrón votante, lo que evidencia que el proceso carece del respaldo social necesario y que no existe un interés popular detrás de esta reforma, sino un intento de concentrar el poder político.
Mencionó que ste proceso, lejos de “democratizar” al Poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República, razón por la cual debe suspenderse.