El apoyo del programa federal denominado Jóvenes Escribiendo el Futuro debe hacerse extensivo a los alumnos de universidades privadas, pidieron integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
El coordinador Rubén Moreira y el diputado Christian Castro, señalaron que dejar fuera del beneficio a quienes estudian en universidades de paga, es discriminación.
Afirmaron que buscar un lugar en escuelas de nivel superior privadas, no significa que los jóvenes tengan dinero, sino que no hay suficientes lugares en el sistema público, entre otras razones.
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En un punto de acuerdo turnado a comisión para su estudio, demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) modifique las reglas de operación del apoyo señalado, para que la única causa de exclusión del mismo, sean las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
“Y no el carácter de las instituciones educativas (públicas o privadas) en las que realicen sus estudios”, dice la solicitud.
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Apoyo a universitarios
En la argumentación, los legisladores del tricolor indicaron que en el ciclo escolar 2023-2024, los jóvenes que llevan una carrera universitaria incluyendo los de educación técnica superior, educación normal y licenciatura tecnológica, llegó a 5 millones 393 mil.
De ese número 3 millones 329 mil estudiantes se matricularon en el sistema público, y 2 millones 63 mil en distintas instituciones privadas, lo que equivale a más del 38 por ciento de los alumnos.
No obstante, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en el país hay más de 10 millones 600 mil personas de 18 a 22 años, de modo que apenas la mitad de los jóvenes entre esas edades tendrían acceso a educación superior.
Incumplimiento en el derecho a la educación
Lo anterior muestra que el Estado no está cumpliendo con el artículo 3 de la Constitución que contempla el derecho a la educación hasta el nivel superior, de manera obligatoria, alertaron.
A ese incumplimiento, se suman las limitaciones que los jóvenes tienen para llegar a ese grado académico como la falta de recursos, la distancia de los planteles, los procesos de admisión y el cupo restringido.
Como ejemplo, indicaron que las casas de estudios superiores con mayor número de estudiantes en el país son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con apenas 380 mil alumnos; y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 216 mil matriculados.
Eso significa que sólo el 5.6 por ciento del total de los jóvenes en el territorio nacional son atendidos en esas instituciones; y que apenas el 11 por ciento del total de matriculados, están en esas dos universidades.
Lo anterior, dijeron los legisladores, obliga a reflexionar sobre el acceso de la juventud mexicana a estudios universitarios, y si todos los alumnos que llegan a ese nivel de instrucción lo hacen porque sus familias o ellos cuentan con recursos suficientes, o porque no hay lugar suficiente en universidades públicas.
Recalcaron que en muchos casos, alumnos de universidades privadas están inscritos en ese sistema por necesidad, haciendo grandes sacrificios económicos y porque no tuvieron más opciones ante la falta de lugares en la educación pública.
En consecuencia, advirtieron, el Estado no está garantizando su acceso a la educación superior como lo marca la Carta Magna, y aunado a ello, los está excluyendo de un programa social creado para que los jóvenes estudien la universidad.
“Si el nombre propósito del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro es brindarle las herramientas necesarias a los jóvenes para poder escribir su futuro, se debe retirar de las reglas de operación del mismo, la exclusión de jóvenes que estudian en las instituciones privadas de educación superior, y tomar en consideración como criterio de asignación del apoyo, el estado socioeconómico de los jóvenes”, insistieron.