Ante el aumento de incidentes de violencia sexual en escuelas que han colocado a México entre los primeros lugares a nivel internacional en violencia sexual y pornografía infantil, Educación con Rumbo presentó un amparo para solicitar a la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública, al Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Fiscal General de la República, que “garanticen el derecho humano de los niños a vivir en un ambiente sano y libre de violencia física y sexual en las escuelas”.
El Poder Judicial de la Federación admitió el amparo y concedió la suspensión para el efecto de que las autoridades referidas realicen las acciones necesarias para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual acontecida contra niños y niñas en escuelas en México.
El abogado Miguel Ángel Ortiz, dijo que “el abuso sexual en escuelas es un delito lacerante, por vulnerar a niños entre 3 y 17 años y por tratarse de un delito cometido con todas las agravantes que está creciendo en México y que exige que las autoridades lo reconozcan para prevenirlo, combatirlo y sancionarlo con las penas máximas y erradicarlo”.
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Insistió en que el aumento significativo de incidentes de violencia sexual en escuelas exige una respuesta firme y coordinada de autoridades y de corresponsabilidad de padres de familia, directivos de escuelas, maestros y equipo administrativo, destacando una respuesta firme del Poder Judicial para salvaguardar los derechos humanos de los niños al ordenar a las autoridades que implementen medidas inmediatas de protección.
El abogado subrayó que se espera que el amparo y la resolución del Poder Judicial de la Federación sean acatados “sin reservas por las autoridades”.
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Dicha problemática ha sido expuesta por la OCDE, Unicef, el Senado de la República, el IMSS y las propias autoridades, por lo que “no admite posturas ideológicas, cálculos políticos ni impugnaciones”, añadió el litigante.
En el estudio “Es un Secreto. La explotación sexual infantil en escuelas” de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. se denuncian prácticas aberrantes como uso de cámaras, vulneración física y sexual en contra de alumnos en algunas escuelas. También se detectó la operación de la explotación sexual infantil dentro de planteles públicos y privados, con la participación de maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia.
Ya desde 2017, la entonces Procuraduría General de la República reportó al Senado de la República que se habían detectado 12,300 cuentas de internet que distribuían material de explotación sexual de niñas y niños en México.
Educación con Rumbo emplaza a las autoridades a que rindan cuentas e instrumenten las medidas de protección a los niños para que las instituciones, servicios y establecimientos cumplan las normas establecidas en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal; se deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Cabe recordar que desde 2021, UNICEF hizo un llamado a poner fin a la violencia sexual en las escuelas en México y sugirió una reforma legal y políticas públicas integrales para revertir la situación, sin que se advierta a la fecha la implementación de acciones, programas y protocolos para identificar, prevenir y combatir esa conducta creciente en México, refirió Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, quien exhortó a las autoridades federales a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación estrategias concretas para identificar, prevenir y sancionar el abuso sexual de escuelas en México.