En la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma que envió el Presidente de la República en materia de armas de fuego, dividió opiniones entre legisladores de los bloques mayoritario y de oposición.
La propuesta establece que la emisión de permisos y licencias, así como el control del registro de operaciones relacionadas con armas será facultad exclusiva del Presidente de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Indica que al registrar un arma, se tendrá que registrar a un tercero responsable del artefacto, en caso del fallecimiento del titular de la autorización.
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Prevé autorizar a grupos de personas como ejidatarios, comuneros, sucesores, pequeños propietarios avecindados, jornaleros del campo y comunidades indígenas, portar armas y usarlas fuera de las zonas urbanas, para proteger sus bienes y evitar que sean consignados por portar esos instrumentos.
Regula distintos calibres en específico y establece más requisitos para la comercialización de cartuchos, aunado a que impone más infracciones a quienes posean cartuchos de armas de fuego, sin contar con el registro correspondiente.
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Los cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevén regular la portación y uso de armas en actos cívicos y culturales de organismos oficiales y realizados por organizaciones de la sociedad civil que difundan hechos históricos.
Asimismo, contempla que integrantes de empresas públicas, paraestatales y organismos autónomos como la CFE, Pemex, el Banco de México, la Casa de Moneda y el SAT, así como personas físicas o morales de empresas de seguridad privada, podrán portar armas de fuego para realizar sus funciones de seguridad, siempre y cuando se apeguen a la ley.
Reforma riesgosa
El líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira expresó preocupaciones sobre la propuesta que prevé autorizar a miembros de comunidades agrarias y rurales porten armas de fuego para defenderse.
También consideró que por hacer planteamientos apresurados, el Ejecutivo vuelve a sobrecargar la regulación respecto a quienes ya están sujetos a la ley.
“Yo no estoy por un país donde cada uno de nosotros tengamos qué defendernos. La razón del Estado, eso dicen lo que saben, los teóricos, estos que son doctores, la razón del Estado es que tenga el monopolio de la fuerza legítima para que ni usted ni yo tengamos que traer una pistola y defendernos, sino usted, yo y cualquiera circulen por las calles. Yo no estoy de acuerdo con esa parte, y por la otra como siempre, se van sobre el que está regulado”, señaló Moreira Valdez.
Armar a los ciudadanos
Por el contrario, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, expresó su respaldo a la disposición que permitirá a jornaleros, campesinos y personas de pueblos indígenas usar en zonas no urbanas, armas para proteger su propiedad.
Sandoval Flores señaló que el problema de inseguridad en el país debe resolverse a través de distintas medidas, porque los esfuerzos hechos hasta el momento han sido arduos, pero no han permitido recuperar la seguridad en el territorio.
El congresista señaló que en décadas anteriores, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se implementó una disposición similar, cuando se permitió la proliferación de “policías rurales” bajo las instrucciones de operación de los “cuerpos de defensa rurales” de la Defensa Nacional.
“Y ahora necesitamos también que la gente tenga un mecanismo jurídico, legal para que pueda tener un arma y defenderse, eso también está desde nuestro punto de vista, correcto porque va a estar dentro del marco del reconocimiento legal, no como ahora que puedes tener un arma, te agarra el Ejército, no sabes qué ocurre, te meten a la cárcel”, señaló.
Agregó que si bien la seguridad de los ciudadanos es responsabilidad del Estado, por el tamaño del problema que se vive en el país, es necesario buscar alternativas, como permitir que la población se defienda a sí misma en determinadas circunstancias.