VIOLENCIA

Coparmex pide que seguridad esté en manos de civil

Esta medida, además de ser un retroceso democrático, puede tener implicaciones serias sobre la confianza de los inversionistas en el país, aseguran.

Rechazaron la reforma a la Guardia Nacional.
Rechazaron la reforma a la Guardia Nacional.Créditos: Cuartoscuro
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La COPARMEX rechazó la reforma Constitucional a la Guardia Nacional, en defensa de un México en el que la seguridad pública esté a cargo de instituciones civiles para asegurar transparencia y respeto a los derechos humanos.

El organismo patronal sostuvo que la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA crea un régimen opaco y con falta de rendición de cuentas.

Destacó que es necesario implementar un modelo de seguridad que priorice el respeto irrestricto a los derechos humanos y la participación ciudadana colaborando con las fuerzas de seguridad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, advirtió  sobre los riesgos que trae consigo el dictamen de reforma aprobado en la Cámara de Diputados, el cual adscribe el control formativo, operativo, administrativo, jurisdicción militar para la secretaría pública, entre otros factores, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y señala que este cambio representa un riesgo significativo para el orden constitucional de nuestro país y para el estado de derecho, al vulnerar el principio de control civil sobre las fuerzas de seguridad.

La confederación recordó que desde su creación, la Guardia Nacional fue concebida como una institución de carácter civil que respondiera a la creciente demanda de seguridad pública.

No obstante, con esta reforma, se abre la puerta a una militarización de las funciones de seguridad, un enfoque que podría generar riesgos importantes en materia de posibles violaciones a los derechos humanos y limitar el acceso a la justicia para los ciudadanos.

Por ello, dijo que la militarización de la seguridad pública contradice disposiciones constitucionales e incluso convencionales que establecen el carácter civil de las fuerzas de seguridad.

Esta medida, además de ser un retroceso democrático, puede tener implicaciones serias sobre la confianza de los inversionistas en el país, afectando el clima de negocios al generar incertidumbre en cuanto al respeto de las instituciones y el estado de derecho.