La Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford afirmaron que la reforma judicial politizará el Poder Judicial al reemplazar a casi 7 mil juzgadores en funciones en todo el país con jueces elegidos por voto popular y al establecer un tribunal disciplinario judicial y un tribunal electoral, cuyos miembros también serán elegidos por voto popular y cuyos términos coincidirán con el periodo presidencial.
Indicaron que estos cambios, que afectan más de 18 artículos estructurales de la Constitución, violan las obligaciones de México bajo el derecho internacional y representan una grave amenaza para la independencia judicial y el estado de derecho en México.
Afirmaron que es particularmente preocupante que una reforma tan masiva del sistema judicial, que modifica 18 artículos estructurales de la Constitución, haya sido aprobada de manera expedita en tan solo 8 días.
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Mencionaron que la falta de deliberación significativa y consulta pública es alarmante, dada la gravedad de las consecuencias para la administración de justicia en todo el país.
Al respecto señalaron que miles de jueces, operadores judiciales, estudiantes de derecho y grupos de la sociedad civil se manifestaron en las calles en protesta, exigiendo mayor discusión y planteando serias preocupaciones sobre el impacto de la reforma en la independencia judicial. Sin embargo, sus voces fueron ignoradas.