Decenas de organizaciones y activistas en defensa de los migrantes, advirtieron que el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez buscará una “solución alterna” que le permita liberarse del proceso penal por su presunta responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas y 42 sobrevivieron.
A través de un comunicado difundido por el Instituto para las Mujeres en la Migración, mencionaron que el próximo 12 de agosto se llevará a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez en el que deberá comparecer el funcionario quien a diferencia de los otros involucrados, no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso.
Estas organizaciones que acompañan a las víctimas del incendio, consideran que al no estar concluidas las investigaciones aún no queda claro hasta dónde llegó su responsabilidad en los hechos, por lo que el juez debe negar, como ya lo hizo antes, la “solución alterna”, pues ésta tendría efectos absolutorios, es decir, ya no se le investigaría más ni se le sancionaría, incluso si después de concluidas las investigaciones se determinará una responsabilidad mayor en la tragedia.
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Dentro del proceso, en septiembre de 2023, Francisco Garduño promovió la primera “solución alterna”, en la que se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la Fiscalía General de la República (FGR) y la empresa aseguradora a cambio de detener la investigación en su contra, sin tomar en cuenta la reparación del daño a las y los sobrevivientes y las familias de los migrantes fallecidos. Ahora, por segunda ocasión, vuelve a solicitar audiencia para discutir se le pueda otorgar una suspensión condicional y sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes.
Francisco Garduño Yáñez se ha caracterizado por su falta de rendición de cuentas, como lo demuestran los 30 llamados y puntos de acuerdo que desde el Poder Legislativo le han hecho para que comparezca, los cuales ha ignorado. Los operadores de justicia que protegen los derechos de las víctimas deben evitar dar el mensaje que en México la impunidad impera sin importar la gravedad de los hechos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el incendio fue calificado como grave violación a derechos humanos en su Recomendación 111VG/2023, agregaron.
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A 16 meses de los hechos, 11 personas de mandos medios y bajos, incluidos dos migrantes, continúan en detención acusados de homicidio y lesiones. Sin embargo, Antonio Molina, excoordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra prófugo, y Francisco Garduño lleva su proceso en libertad y sigue en funciones, finalizaron las organizaciones y activistas.