La reforma al artículo 4 de la Constitución presentada por el Presidente de la República, y que contempla garantizar servicios de salud a toda la población, cuyo dictamen se prevé aprobar este viernes 9 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es insuficiente, alertó la fracción parlamentaria del PAN.
A través del diputado Éctor Jaime Ramírez, los panistas en el recinto recalcaron que los cambios propuestos por el Primer Mandatario, de acuerdo al anteproyecto de dictamen que hasta el momento se conoce, no tienen financiamiento que los sustente.
Indicaron que las modificaciones son limitadas, por lo que deberían complementarse con la garantía de que habrá suficiente presupuesto para cumplir con los derechos que se agregarán a la Carta Magna y que en los hechos, representen una mejora en las condiciones para la ciudadanía.
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Indicaron que la iniciativa presidencial, indica que se dará cobertura universal en salud a la población.
No obstante, el proyecto no va a acompañado de ninguna previsión presupuestal que garantice que la ampliación de la cobertura será real.
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Señalaron que el PAN está de acuerdo en mejorar los servicios de salud para toda la población, pero no como lo plantea el Presidente, que omite destinar recursos con ese fin.
“No le interesa mejorar los servicios de salud, les interesa el control presupuestal. Prueba de ello son los 800 mil muertos en exceso de la pandemia, 300 mil atribuibles a la mala gestión del sistema de salud. Este gobierno ha sido un fracaso en salud y no estamos corrigiendo nada con la presente reforma constitucional”, advirtieron.
El estudio de impacto presupuestal de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que acompaña la iniciativa del mandatario, añadieron, señala que no tendrá impacto alguno, no genera atribuciones para ninguna autoridad y no tiene destino específico del gasto, por lo que “es puro humo y no sirve para nada”.
Propuestas del PAN
Ante las deficiencias señaladas, indicaron que su propuesta es implementar un modelo de financiamiento y de servicios de alta especialidad, como ocurría con el Seguro Popular.
En la discusión en la Comisión dictaminadora, indicaron, se planteará que el Gobierno Federal cubra al año, una cuota por cada persona sin seguridad social, la cual se administrará en el fondo de Salud para el Bienestar, conforme a las estimaciones de cobertura hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
De modo que, indicaron, se pedirá que la administración pública federal haga una aportación fija por cada persona sin servicios de salud, cuyo monto se defina en la ley.
Esto, para asegurar que habrá dinero para dar el servicio, contar con la infraestructura, equipamiento e insumos médicos necesarios, y con el personal médico suficiente.
La reforma, dijeron, debe asegurar que habrá medicamentos suficientes y si no los hay, se pagarán con el presupuesto federal.
El planteamiento del PAN contempla que, si los ciudadanos pagan los medicamentos de su bolsillo, el Estado les tendrá que reembolsar.
“Hagamos realidad el derecho a la salud en el artículo 4 de la Constitución. Diseñemos una reforma que sí sirva, de nada valdrá una modificación a la que le falta el dinero, le falta planeación, le falta profundidad y le falta corazón para atender a los pacientes. Estamos a favor de la reforma, pero también, consideramos que se puede mejorar”, dijeron.
Malas decisiones en salud
Señalaron que el documento conocido hasta el momento, tiene que ser revisado con sumo cuidado, ya que las decisiones del Ejecutivo Federal en la materia y durante todo el sexenio, han representado retrocesos en la cobertura, el financiamiento y el acceso a medicamentos.
Como ejemplos, recordaron las decisiones de desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que ya fue extinto por sus nulos resultados, “incompetencia y el peor desempeño del que se tenga registro” en el rubro referido.
A partir de la creación del organismo referido, indicaron, 30 millones de ciudadanos perdieron la cobertura en salud.
A ello se sumó, la determinación tomada en abril del 2023, cuando se presentó y aprobó una “reforma improvisada” en la materia, con el fin de centralizar los servicios de salud a la población, a través del mecanismo IMSS-Bienestar, que dejó a las entidades de la República sin recursos, personal médico ni infraestructura hospitalaria.